El decreto de las viviendas ilegales un año después

El 10 de enero de 2012, hace poco más de un año, fue aprobado el decreto de regularización de viviendas ilegales de la Junta de Andalucía. Las voces en contra y a favor de un documento “insuficiente” para unos (principalmente asociaciones de afectados británicos) y que para otros iba a ser la “solución a la problemática urbanística” siguen inalterables un año después.

Durante este año se han realizado avances en este sentido gracias a la estrecha colaboración de municipios como Albanchez, Albox, Arboleas, Cantoria, Fines, Líjar, Lubrín, Oria, Partaloa y Zurgena con la Junta de Andalucía. El objetivo es dar una solución a las 12.697 edificaciones irregulares existentes, por lo que estos consistorios cuentan ya con el inventario modificado por la Administración autonómica y además han aplicado el Plan de Inspección Municipal.

Según el decreto, los propietarios podrían solicitar la declaración de asimilado a fuera de ordenación, la figura prevista por la Junta en el mismo documento para aquellos inmuebles que objetivamente no pueden legalizarse del todo y obtener la licencia de ocupación. Uno de los ayuntamientos más activos en este sentido, el de Albox, ya ha regularizado 17 casas alegales desde entonces. No parece una gran cifra comparada con los 497 inmuebles de este tipo registrados  en el municipio, aunque este hecho también es debido a la pasividad o falta de información de algunos de los afectados, que todavía no han acudido al ayuntamiento correspondiente para iniciar el proceso de regularización. Además, los municipios comenzaron con los trámites para la regularización de viviendas meses después de la entrada en vigor del decreto, una vez elaborados todos los documentos urbanísticos necesarios.

El precio de regularizar una vivienda para un propietario de una construcción alegal varía en función de la ubicación de la misma, tamaño y municipio en el que se encuentre. De este modo, en la localidad de Albox, una de las más afectadas por estas problemática debido a la proliferación de viviendas durante el boom urbanístico, el proceso para normalizar la situación de una vivienda puede costar desde los 100 euros hasta los 700 euros.