Los concursos de acreedores se multiplican por diez desde 2006

La crisis económica hace mella en el sector empresarial y dibuja una cadena de quiebras e impagos a proveedores. Es la principal conclusión de los informes trimestrales presentados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los efectos de la coyuntura en los órganos judiciales. Desde el año 2006, los procesos concursales presentados en la provincia de Almería se multiplicaron por diez y rondaron en el ejercicio de 2012 los setenta casos, a la espera del balance anual definitivo.

Los datos son muy llamativos. Desde 2008, referencia del comienzo de la crisis, más de 300 empresas almerienses acudieron al concurso de acreedores. Buena parte de ellas lo hicieron de forma voluntaria para acogerse a las ventajas de un procedimiento legal que permite ordenar y priorizar el pago de estas deudas.

Las estadísticas muestran una tendencia continua al alza. Cada año se producen más suspensiones de pago entre las empresas, mientras las cifras de concursos resueltos son escasas. Es un fenómeno que se repite en prácticamente todas las provincias andaluzas y que, entre otras cuestiones, provoca un sobrecarga en los órganos judiciales con competencias en asuntos de lo Mercantil que alarga los tiempos para el cobro (si finalmente se producen).

Según el Barómetro Jurídico Martínez-Echevarria, elaborado por el conocido despacho de abogados y presentado ayer en Almería, al problema derivado de las dificultades económicas se añade la imprevisión de las empresas. El responsable del área mercantil de Martínez-Echevarria, Francisco Gallardo, señala que “dada estas circunstancias se aconseja que las empresas no esperen hasta el último momento para presentar el concurso y que lo hagan al primer síntoma de impago, ya que sin duda ante el grave colapso judicial y el retraso en plantear un proceso concursal por parte de las empresas imposibilitan su continuidad”.

Previsión

Por su parte, el director general de la firma, Vicente Morató, asegura que “todas estas cifras evidencia la necesidad de dotar al sistema jurídico mayores instrumentos que permitan agilizar los procedimientos,  ya que la situación de las empresas ante esta situación empeora de forma evidente, y provoca que se agrave más la situación”.

Entre las propuestas esenciales del Barómetro Jurídico está la anticipación con planes preconcursales. Esto es, favorecer con carácter previo “acuerdos entre empresa y sus acreedores para su presentación de mutuo acuerdo en el juzgado, facilitando y agilizando la labor del juez que encuentra el convenio ya prácticamente ultimado”.