El Partido Popular de Andalucía ha decidido retomar su ofensiva institucional contra el decreto de la Junta que limita, en los nuevos planeamientos urbanísticos, el desarrollo de suelos para la construcción de viviendas y equipamientos hoteleros en los primeros 500 metros del litoral.
Esa ofensiva pasa por presentar un recurso en el Tribunal Constitucional contra el acuerdo del Gobierno autonómico que será elevado por cuatro diputaciones, entre ellas la de Almería, bajo la presidencia de Gabriel Amat.
Según ha podido saber, el acuerdo de la Diputación almeriense podría adoptarse antes de que acabe este mes de enero, en el correspondiente Pleno ordinario. Fuentes del PP dan por seguro que la propuesta solo será respaldada por los 18 diputados populares, pues votarán en contra los 8 del PSOE y el representante de Izquierda Unida.
La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del Partido Popular en Andalucía, Alicia Martínez, defendió ayer que las diputaciones están legitimadas para interponer el recurso ante el TC, “porque tienen que garantizar el ejercicio de las competencias de los ayuntamientos”.
Tres argumentos esgrime el PP-A para justificar que el decreto que “limita el ladrillo” en la costa acabe ante la Justicia. Uno de ellas es que con este decreto se suspende el planeamiento de los ayuntamientos de una forma “injustificada” y se les suspende la capacidad de hasta un máximo de dos años de aprobar y desarrollar planes de sectorización y planes en suelos urbanizables.
La segunda cuestión es que “incluso planes que estén adaptados a la ley hasta el 2004 van a ver paralizadas sus competencias para desarrollar planes de sectorización siempre que no se adapten a éste”. Y en tercer lugar se explica que “no existe la urgente necesidad de que sea un decreto ley”, contra el que se han posicionado también los ayuntamientos gobernados por el PP.
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