En pleno temporal de amnistías, cuentas en el extranjero, sobres e imputaciones, los jueces decanos de España proclaman su tolerancia cero frente a la corrupción política y demandan mayores recursos para la persecución de los delitos financieros.
Un documento firmado ayer con apoyo del juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, denuncia las limitaciones de los jueces de instrucción en la lucha contra los delitos económicos y coloca el foco sobre la falta de inversión de las administraciones. Los jueces no dan abasto.
“Faltan medios para la investigación de delitos económicos, asuntos relacionados con la corrupción y causas complejas con especial relevancia social (...) no es posible llevar a cabo una investigación seria y rigurosa y continuar desempeñando al mismo tiempo el trabajo propio de la dinámica diaria del juzgado, o hacerlo careciendo de elementos tan fundamentales para una rigurosa y ágil investigación, como los son los funcionarios, policías y peritos especializados”, subraya el manifiesto.
Peritos
En la provincia de Almería, aunque son varios los órganos judiciales que investigan casos de corrupción o contra la ordenación del territorio, es el Juzgado de Instrucción número Dos de la capital el que se lleva la palma.
La tramitación de la Operación Poniente, con decenas de miles de folios sobre la presunta trama de Elsur, en El Ejido, obligó a apuntalar el órgano con un juez de apoyo. Ahora el refuerzo ha desaparecido y aún se esperan los informes periciales de la Agencia Tributaria, que amenazan con eternizar la instrucción y retrasar así el futuro juicio.
“Es muy importante en estos casos contar con medios suficientes para la investigación, por ejemplo, más policías y peritos”, indica Luis Miguel Columna.
La reflexión es compartida en el colectivo. El manifiesto sugiere medidas como el “nombramiento inmediato de jueces y secretarios judiciales de refuerzo, la adscripción de fiscales con dedicación exclusiva, la facilitación de peritos contables con dedicación igualmente exclusiva en este tipo de asuntos”. Serían expertos de la Hacienda Pública o el Banco de España.
“Son muchos los órganos judiciales que carecen de los medios e instrumentos precisos para desempeñar responsable y eficazmente su labor en el marco de un sistema judicial tradicionalmente olvidado y que ahora está llamado a conocer de multitud de asuntos de especial complejidad”, concluye en documento firmado por los jueces decanos de las capitales y las grandes poblaciones.
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