PP pide que se retiren las cámaras de vigilancia instaladas sin “autorización”

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Bacares denunció ayer la instalación de cámaras de vigilancia en el municipio sin contar con la “correspondiente y necesaria” autorización de la Subdelegación del Gobierno. El PP señaló, a través de una nota de prensa, que en el último Pleno pidió al alcalde del municipio, José Segura, que se retiraran las nueve cámaras instaladas, que han motivado quejas de “numerosos vecinos”.

El primer edil afirmó ayer que dichos dispositivos de videovigilancia cumplen con la ley y que se ha pedido a la Delegación del Gobierno en Andalucía la autorización y remitido toda la información. Sin embargo, Segura reconoció haber recibido una notificación en la que la Subdelegación del Gobierno le indicaba que se trataba de muchas cámaras para un municipio como el de Bacares, “algo que hemos contestado”. Segura explicó ayer que primero se colocaron, hace unos dos años, tres cámaras en el Ayuntamiento y que, recientemente, se instalaron el resto.

Según el PP, los vecinos están en contra de estas nueve cámaras de videovigilancia, instaladas en varios puntos del pueblo,  donde se encuentran edificios municipales como el Ayuntamiento, la biblioteca, la residencia de mayores, el lavadero-museo o el museo etnográfico al aire libre. Por su posición, “también se puede grabar a las personas que pasan por estas calles, por el parque público de la plaza Nueva o la plaza de la Fuente Grande, aunque algunas, tras el Pleno, han cambiado el enfoque”, puntualizó ayer el Partido Popular.

Por su parte, José Segura indicó que es falso que los vecinos se hayan quejado de su instalación, “sólo lo han hecho las concejalas del PP”. Además, el alcalde explicó que es cierto que se ha llamado a un técnico para que encuadre lo más posible las cámaras, “aunque es difícil enfocar solo a los huecos donde tenemos los museos”.

En edificios públicos
El primer edil defendió la instalación de estos dispositivos, aunque el PP haya asegurado que no se han producido daños en edificios e instalaciones públicas. “Nos han robado dos o tres veces en el Ayuntamiento. Hace poco, antes de poner las cámaras, nos rompieron una miniexcavadora que nos costó 3.000 euros arreglarla y esa misma noche también me golpearon a mi el coche”, comentó.

Las concejalas del Partido Popular explicaron ayer, a través de una nota de prensa, que en el Pleno el alcalde, “molesto con las preguntas del PP”, dio por zanjado el asunto entregando la solicitud de autorización que presentó en la Delegación del Gobierno en Andalucía después de haber instalado las cámaras, “no antes, como sería lo correcto, y después del escrito que presentó el Partido Popular en el Ayuntamiento interesándose por este asunto”.