El Juzgado de Instrucción número 3 de Vera ha citado a declarar como imputado al alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar si está incurriendo en presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al no ejecutar las sentencias firmes que declaran como “espacio protegido no urbanizable” el paraje de El Algarrobico y sitúan al hotel de Azata del Sol al margen de la Ley de Costas.
El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor “hace caso omiso” de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico.
En concreto, denunció que no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para el establecimiento de 411 habitaciones y una veintena de plantas. Fuentes judiciales han indicado que según el auto, la comparecencia en sede judicial de Hernández será el 14 de marzo, a las 10,00 horas.
Tras la denuncia interpuesta por Ecologistas, la Fiscalía abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.
La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se “negaba” a “adaptar” el Plan Parcial “como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012” y que el regidor “también desobedecía” el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo “una triquiñuela para poder construir el hotel”.
Anterior alcalde
La normativa municipal en vigor, en la que el sector ST-1 aparece como urbanizable, fue aprobada en 2009 por la corporación local carbonera, entonces gobernada por el socialista Cristóbal Fernández. El TSJA acordó cuatro meses después prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtió de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.
El alcalde se siente "tranquilo"
Tras la citación del Juzgado de Instrucción número 3 de Vera, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, dice sentirse “tranquilo y con la conciencia en calma”. Hernández ha defendido que, desde que llegó a la Alcaldía en 2011, “no se ha modificado la situación heredada” del anterior alcalde, el socialista Cristóbal Fernández. “La criatura de El Algarrobico tiene unos padres con nombres y apellidos en el anterior gobierno local y autonómico, y no son los de esté alcalde”, ha indicado
Hernández, para quien resulta “llamativo” que, a lo largo del conflicto generado en torno al hotel que se remonta a 2003, “no se haya llamado a declarar a ningún consejero, alcalde o presidente de comunidad autónoma”. El alcalde de Carboneras ha asegurado que el próximo día 14, explicará al juez que la última actuación municipal con respecto al sector ST-1, donde se asienta el hotel, “fue en 2009, con la anterior corporación local y en un pleno en el que, como concejal en la oposición, vote en contra de la adaptación de las Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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