Ninguna de las familias desalojadas consiguió piso de acogida de la Junta

Una comparecencia en septiembre de 2012 en el Parlamento regional revolucionó la posición de la Junta de Andalucía frente a la avalancha de desahucios en la comunidad autónoma. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), presentó los ejes del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda como una “ruptura de la neutralidad y la equidistancia de la administración”. “Nos ponemos del lado de las víctimas”, afirmó la consejera.

Entre las medidas de mayor calado estaban la creación de las oficinas de intermediación hipotecaria (en Almería ubicada en el edificio de Hermanos Machado) y la posibilidad de conseguir un realojo temporal en una vivienda del parque público destinado a protección social, es decir, en inmuebles reservados para personas en riesgo de exclusión.

Según una respuesta parlamentaria publicada ayer, la oficina de mediación hipotecaria de la Junta de Andalucía ha atendido en la provincia de Almería a 162 familias en situación de “emergencia social” por la amenaza del desahucio (datos actualizados a 25 de enero). Muestra, por tanto, el impacto positivo del nuevo recurso.

Sin embargo, de todos los casos atendidos ninguna ha acabado en la concesión de un piso de acogida. Dicho de otro modo, Fomento y Vivienda no ha conseguido ofrecer una alternativa a las familias ‘en la calle’ o inminentemente desalojadas. Según el recuento oficial de la Junta, en la provincia de Almería al menos ocho familias solicitaron formalmente acogerse a este ‘último recurso’. En toda Andalucía lo hicieron 119.

Alternativa

La Consejería de Fomento y Vivienda explica el problema para no cumplir con uno de los grandes objetivos del programa. “Somos conscientes de la imposibilidad de dar alternativa habitacional a las miles de familias en nuestra tierra que están siendo expulsadas de sus viviendas. El Patrimonio Público Residencial de la comunidad autónoma está constituido por 80.000 viviendas que se encuentran ocupadas, por lo que no se han podido adjudicar a las personas que se atienden en las oficinas (de mediación)”.

A esta falta de inmuebles disponibles, se añade la lista de espera que ya existe en viviendas de Almería reservadas para situaciones de exclusión, un pequeña parte de pisos de acogida para casos muy graves.
Ahora bien, la Junta de Andalucía busca alternativas en otras administraciones y mira a la colaboración de los ayuntamientos y al Gobierno central y el stock destinado al llamado Banco Malo.