Almería suma más de 10.000 viviendas sin dueño acreditado

Un informe del Defensor del Pueblo estima que hay en la provincia de Almería 10.712 viviendas sin titularidad acreditada, que deberán declararse con el inminente plan de regularización que ya ha esbozado el Gobierno.
El catastrazo, como se ha dado en llamar, pretende aflorar cerca de un millón de inmuebles opacos en toda España, sobre todo en la zona de la costa mediterránea, donde Almería destaca junto a Murcia (14.127 viviendas), Alicante (12.251) y, sobre todo, Valencia (30.683).
El informe ha sido recabado por la oficina del Defensor del Pueblo a través de las titularidades en investigación en cada provincia de expedientes abiertos por la Dirección General del Catastro en el informe titulado ‘La realidad catastral en España’.
A ese número de más de 10.000 pisos y terrenos rústicos se deben de sumar los inmuebles de la provincia donde se han hecho mejoras, ampliaciones o rehabilitaciones que tampoco nunca han sido declaradas.
Quienes decidan acogerse al proceso de regularización, deberán abonar el catastro de los últimos cuatro años y 60 euros de tasa por cada inmueble aflorado. Además, deberá también cumplir con la correspondiente tributación no prescrita de IBI e IRPF.
Sumados todos estos conceptos, la Administración podría obtener en Almería una recaudación de 20 millones de euros, según el informe.
Una vez que se abra el proceso  en el BOE, los inmuebles que no se acojan al catastrazo en plazo se arriesgan a inspecciones y consiguientes sanciones.
El proceso busca que se regularicen  bienes inmuebles urbanos y rústicos ocultos.
El proceso se iniciará de oficio por el Catastro cuando se haya incumplido la obligación de informar de forma completa y correcta sobre altas y modificaciones de bienes urbanos y construcciones en suelo rústico.
El objetivo es que estos inmuebles pasen a tributar lo que deben y que las administraciones pueden liquidar las cuotas correspondientes a los ejercicios no prescritos.
El Catastro irá decidiendo, conforme a la Ley Reguladora de las Haciendas, dónde y cuándo se revisan los datos, con el objetivo de que el proceso esté completado antes del 31 de diciembre de 2016.
Según el informe del Defensor del Pueblo, “el estudio se inició ante la profunda transformación del Catastro y el continuo crecimiento del número de quejas recibidas de los ciudadanos exponiendo problemas derivados de la inclusión o actualización de datos”.
El informe denuncia también que el Catastro está falto de personal, “ya que las bajas médicas por enfermedad no se cubren, lo que entorpece y dificulta la prestación del servicio y dilata la resolución de procedimientos”.