El alcalde de Macael, Raúl Martínez (PP), ha hecho entrega en la Fiscalía Provincial de la ‘Auditoría de Cuentas y Expedientes’ del Ayuntamiento de Macael que analiza la gestión realizada por el exalcalde socialista del municipio, Juan Pastor, entre los años 2007 y 2010.
Martínez ha manifestado que es “un acto de responsabilidad y compromiso con los ciudadanos de Macael, ya que prometimos que la auditoría se haría, y se ha hecho”. Según el actual alcalde, los documentos albergan “indicios razonables de unas posibles responsabilidades penales detectados”, por lo que su “obligación” era ponerlo “en conocimiento de la justicia”. Desde el Ayuntamiento de Macael se asegura que “son muchos los indicios detectados en la auditoría y que fueron expuestos públicamente a los ciudadanos” de Macael en un acto celebrado el pasado viernes.
Cuentas municipales
Entre las presuntas irregularidades denunciadas por el Gobierno municipal, figuraría cómo la anterior corporación presentó “un remanente de tesorería positivo en 1.392 euros” cuando en realidad, si se hubiesen aplicado l”os criterios aprobados por la Cámara de Cuentas de Andalucía, el remanente era negativo en 1,7 millones de euros”.
También s destacan los “indicios razonables” de posibles responsabilidades penales detectados en una serie de expedientes elegidos al azar. Estos documentos se refieren a obras o servicios contratados por la anterior corporación. Uno de los expedientes con “posibles irregularidades” es el de la obra de reforma del ayuntamiento nuevo de la avenida de Ronda. Esta obra, “entre otras irregularidades” según el Consistorio, se contrató con una empresa por 341.000 euros y “al final, tras dos modificaciones, se facturó por 1.636.214 euros”. “Destaca la auditoría que las dos modificaciones se hicieron sin utilizar el procedimiento legalmente establecido”. En cuanto a la obra de reforma de la Plaza de la Constitución, se producirían similares “irregularidades” que en el caso de la anterior “porque se adjudica la obra a la misma empresa pero después se hacen dos ampliaciones sin que el equipo jurídico tenga constancia de que haya habido una adjudicación del contrato”. Además, el contrato de la primera ampliación “no lleva membrete, ni sello del ayuntamiento, ni aparece la figura del secretario como fedatario público del contrato y solo está firmado por una de las partes”, sin que aparezca “la firma del alcalde”.
Cerro Ocará
En lo relacionado con el expediente de iluminación del Cerro Ocará, el actual Gobierno ha denunciado que “no consta la tramitación de un expediente de contratación, ni el acuerdo de inicio, ni el pliego de cláusulas administrativas”, entre otros documentos enumerados. De este modo, se habría prescindido “de todo procedimiento, existiendo vicio de nulidad radical”.
La auditoría señala que, en este caso, podría existir “un delito de prevaricación y podría haberse incurrido en un delito de falsificación en documento oficial”. En la reunión mantenida con los vecinos, el concejal de Urbanismo informó de la existencia de dos facturas de esta obra “que superan en más de 40.000 euros el importe de contratación”. “Algo totalmente irregular”, denuncian los actuales responsables del Ayuntamiento.
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