El Caso Poniente espera a que tres peritos analicen 1,3 millones de archivos

La instrucción del mayor caso de corrupción de la historia judicial de Almería, el caso Poniente, que investiga una presunta trama de saqueo continuado en el Ayuntamiento de El Ejido durante más de una década, ha encallado en sus propias dimensiones y –sobre todo- en la escasez de recursos de las administraciones.

Va para dos años que el Juzgado número 2 espera unos informes periciales de la Agencia Tributaria que crucen datos de rentas, patrimonios y movimientos económicos de los imputados, unos informes esenciales para sostener ante un tribunal lo que apunta la investigación: que los principales implicados –con el exalcalde, Juan Enciso, y el exinterventor municipal, José Alemán, a la cabeza- se habrían estado lucrando de grandes cantidades de dinero público desviado a través de subcontratas de sus sociedades con la empresa de servicios municipales Elsur. ¿Cuánto dinero? La investigación todavía no ha cuantificado del todo el presunto expolio, pero en el sumario se apuntan cantidades de subcontrataciones en torno a los 100 millones de euros solo entre los años 2002 y 2007. 
Toda la instrucción está terminada desde hace muchos meses. Jueces (han pasado tres por el caso) y fiscal (el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Almería) han hecho su trabajo. Ya no quedan más pruebas que practicar ni declaraciones que tomar (más de cien personas, entre imputados y testigos han prestado declaración). Y, sin embargo, el asunto no puede pasar a la fase siguiente, la de apertura de juicio oral previa calificación de las partes.
El motivo: que en los ordenadores de tan solo tres peritos especializados de la Agencia Tributaria en Madrid se acumulan 1,3 millones de archivos informáticos con la documentación que tienen que examinar para emitir sus informes. Y son los mismos peritos que atienden a más asuntos  relacionados con delincuencia económica procedentes de juzgados del resto de España.

Aunque desde el ámbito político se ha pedido en las últimas semanas un refuerzo de juez para la investigación, el problema no está ahí, sino en la escasez de expertos de Hacienda.

Magnitudes sin precedentes
Las magnitudes procesales del Caso Poniente no tienen precedentes en los juzgados de Almería. El sumario alcanza los 261.000 folios, repartidos en 544 tomos.  De ellos, la mayor parte, 225.500 folios y 451 tomos, corresponde a la documentación de todo tipo (extractos de movimientos bancarios, escrituras, contratos, facturas, notas registrales, certificados notariales) intervenida en los registros de domicilios, despachos y sedes de sociedades de los imputados.

La documentación suministrada en soporte digital a los peritos para su análisis, escaneada previamente por la Unidad de Apoyo Informático de la Agencia Tributaria, ocupa 461.400 megabytes (por hacerse una idea, el equivalente a 103 DVD de una capacidad media). Más de dos tercios están ya examinados. Quedan por analizar unos 600.000 archivos informáticos que ocupan alrededor de 160.000 megas.  El trabajo pericial enfila así, si no hay contratiempos, su último tramo, pero todavía queda trabajo por delante.

Decenas de imputados
Los números extraordinarios de este caso también se refieren al número de personas implicadas. A día de hoy, en el sumario de Poniente hay imputadas 77 personas (dos han fallecido en este tiempo), entre ellas Enciso, Alemán, parte del núcleo familiar de ambos, conocidos empresarios de su entorno y familiares (Juan Antonio Galán, José Amate Rueda, Jesús Aragón), los miembros del Consejo de Administración de Elsur, y presuntos testaferros. Han prestado declaración ante el juez un total de 13 testigos y otros 9 lo han hecho en calidad de testigos protegidos.
El próximo mes de octubre se cumplirán cuatro años desde que el caso estallara con la operación policial en la que fueron detenidas veinte personas: Juan Enciso, entonces alcalde de El Ejido, José Alemán, Juan Antonio Galán, José Amate Rueda, esposas, hijos, yernos y cuñados, además de los empresarios Jesús Aragón y Ambrosio Cuevas. Enciso y Alemán pasaron ocho meses en prisión preventiva.  Hubo también registros de viviendas y sedes de sociedades, además de en la sede del Ayuntamiento. En todas esas actuaciones se intervinieron cajas y cajas de documentación, así como discos duros de ordenadores con información que se incorporó al sumario.

El asunto, sobre el que el Juzgado de Instrucción número 2 abrió diligencias previas en abril de 2009, venía precedido de dos años de investigación por parte del fiscal Anticorrupción. Los hechos que se investigan se retrotraen hasta el año 2002, cinco años antes de que se iniciaran las primeras diligencias (motivas por sendas denuncias) por parte de la Fiscalía. Los delitos económicos prescriben en ese plazo.

Las imputaciones iniciales fueron cinco: cohecho, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos. Posteriormente, en el transcurso de la instrucción, se incorporó la de fraude contra la Hacienda pública. A grandes rasgos, la investigación intenta demostrar que una serie de clanes familiares se aprovecharon de la capacidad de decisión y/o influencia de algunos de sus miembros en el Ayuntamiento de El Ejido para obtener un beneficio personal, de manera sistemática y continuada. El núcleo de todo ello era -según la investigación- la empresa Elsur, que subcontrataba servicios a sociedades de los implicados o sus testaferros.

Tras el vendaval político y mediático del caso Poniente, la situación en El Ejido ha dado un vuelco. Las elecciones municipales de 2011 prácticamente borraron del mapa al PAL de Juan Enciso. José Alemán tampoco ejerce ya. Todos están a la espera del desenlace de este caso.