La crisis dispara las operaciones contra el fraude y cobro ilegal de subsidios

La crisis económica recorre el espinazo de las administraciones como un escalofrío. Las limitaciones presupuestarias y las malas perspectivas de empleo afloran un debate muy intenso sobre el uso de los recursos públicos, su eficiencia y su sostenibilidad en el futuro. Se trata de definir dónde, cuánto y cómo gastar, y es aquí donde surge también una especial sensibilidad en la lucha contra el fraude.

En los últimos tres años las operaciones policiales y judiciales contra las estafas a las administraciones públicas en la provincia de Almería se han disparado. La Guardia Civil y la Policía Nacional cuentan los detenidos por decenas y los beneficios ilícitos por millones de euros. En el foco están grupos más o menos organizados y dedicados a la explotación laboral (muchos inmigrantes sin permiso de residencia) y al cobro ilegal de subsidios de todo tipo.

Según datos oficiales, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (TGSS) descubrió en 2012 unos 1.400 empleos irregulares en la provincia de Almería . “Estamos luchando contra la economía sumergida en la provincia, queremos decirle a la gente que estamos pendientes y que si no se educa por la vía del orden al menos se haga por la vía de la persuasión”, denuncia Andrés García Lorca, subdelegado del Gobierno.

Millones

Según estadísticas de la Comisaría Provincial de Almería, la Policía Nacional realizó entre 2012 y el primer trimestre de 2013 cinco grandes operaciones contra el fraude a la Seguridad Social en la provincia, algunas con ramificaciones nacionales y siempre en contacto con la TGSS, Extranjería o la Agencia Tributaria. “Es muy importante la colaboración entre todas las instituciones que investigan, persiguen y juzgan este tipo de delito”, señala el comisario jefe provincial, Custodio Hidalgo. La nómina de detenidos supera el medio centenar y las cantidades defraudadas a la SS en estas intervenciones los 4,5 millones.

Más aún, la TGSS cuantifica en 14 millones  de euros el fraude total aflorado en empleo sumergido en la provincia en 2012, según los resultados del ‘Plan contra el Fraude’ presentados por la jefa de la Inspección de Trabajo, Sonia Navas.

Estas cantidades mencionadas son, en la práctica, los millones que la administración deja de ingresar por una actividad constatable. Sin embargo, existe una práctica tan dañina, lo que se paga por una actividad inexistente.
Almería acumuló en 2012 el 45 por ciento de las altas de trabajo ficticias de toda Andalucía, unas 2.000 en total. Unos buscan beneficiarse de ayudas o bonificaciones, otros completar  horas de trabajo para cobrar subsidios y algunos han montado auténticas mafias en torno a estas prácticas. La TGSS evalúa el agujero al Estado en las prestaciones conseguidas (ahora revocadas) en 1,5 millones durante el ejercicio 2012.

En este sentido, la Benemérita ha desarticulado en los últimos meses varias bandas dedicadas al cobro de subsidios. “Las operaciones Pomelo, Prometeo y Profano han permitido a la Guardia Civil detener a un total de 28 personas e imputar a otras 8 que tenían como fin la percepción de ayudas públicas”, subraya el coronel jefe de la Comandancia, Francisco Jiménez.

El coronel coincide con el comisario Hidalgo en la necesidad de encontrar apoyos en el mismo bando. “La colaboración entre instituciones resulta de suma importancia y fundamental porque a la hora de investigar este tipo de delitos, existe un continuo flujo de información entre las administraciones públicas que puedan estar afectadas, para la detección de estos defraudadores”. Además, añade, “son investigaciones que suelen resultar muy laboriosas y que conllevan una importante inversión de medios materiales y humanos, debido al estudio documental que debe realizarse”.

La Tesorería General de la Seguridad Social ya ha previsto casi 10.000 inspecciones en la provincia en 2013. El año pasado 1.200 fueron sobre empresas ficticias.

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