La capital contratará a 300 parados y pide garantías de pago a la Junta

El Ayuntamiento de Almería tiene previsto contratar a alrededor de 300 desempleados gracias a una de las medidas que se incluyen en el decreto contra la exclusión social de la Junta de Andalucía.

Los contratos se formalizarán por un tiempo máximo de 90 días, según ha aclarado la concejal de Asuntos Sociales, Aránzazu Martín, que también ha subrayado que antes de formalizarse esas contrataciones, “la Junta debe dar a los ayuntamientos garantías de financiación”.

En el caso de la capital, Martín Moya recuerda que se la asignación prevista por la Administración autonómica se acerca al millón de euros, con destino a la empleabilidad de personas que están o pueden estar en riesgo de exclusión social.

“El decreto está lleno de trampas”, subrayó ayer la concejal y parlamentaria andaluza del Partido Popular en declaraciones a LA VOZ DE ALMERÍA. Aránzazu Martín teme que, “como en otras ocasiones”, el dinero de la Junta tarde en llegar a los ayuntamientos. “No todos los consistorios tienen capacidad para adelantar dinero para contratar a parados y, además, lo que no se ha dicho por parte de la Junta es que los ayuntamientos tenemos que hacernos cargo de otros gastos como el equipamiento del personal, los vehículos, ... Hay que hacer un esfuerzo económico adicional”.

La responsable de Asuntos Sociales aludió también a que los contratados han de contar con un informe de los Servicios Sociales, “y nuestros trabajadores sociales están en una situación de colapso”.

Como ejemplo de las deudas de la Junta a las Corporaciones Locales, Martín se refirió a la Ley de Dependencia. “En lugar de dar ahora 500.000 euros para ayuda a domicilio, tenían que haber examinado los expedientes de la capital que tienen paralizados desde el año pasado”.

En cualquier caso, desde el Ayuntamiento de Almería se está empezando a planificar la aplicación del decreto de la Junta con medidas contra la exclusión social. Ayer mismo hubo una reunión con representantes de las áreas de Asuntos Sociales, Servicios Urbanos, Desarrollo Económico y Personal.

El decreto ha generado, asimismo, un cruce de declaraciones políticas, con participación de portavoces del PP, PSOE y Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

La FAMP ha encargado un “informe jurídico” sobre su aplicación, el PP andaluz asegura que sus alcaldes sí se acogerán a las actuaciones previstas por la Junta y el PSOE argumenta que los alcaldes populares “están dispuestos a arruinar a las familias con tal de hacer daño a la Junta”.