El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha anunciado que se va a poner en contacto con todos los Decanatos de los Juzgados para trasladarles la obligatoriedad por ley de “paralizar por un periodo de dos años las ejecuciones de desahucios para aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social”; una obligatoriedad que llega después de que ayer entrara en vigor la Ley estatal de protección del deudor hipotecario.
Aunque esta ley no tiene carácter retroactivo y no se puede aplicar a los desahucios ya realizados, Del Río ha explicado que con el nuevo texto legal se abre asimismo un plazo de un mes para que todos los procesos de ejecución se paralicen de cara a su revisión, por si hay cláusulas abusivas o impeditivas que exijan su retirada. Del Río ha hecho una “llamada de atención” a todos los jueces, notarios y demás personas que participan en el proceso para que estudien si dichas cláusulas pueden ser abusivas.
“Más facultades”
El presidente del TSJA ha indicado que, aunque los jueces han intentando que en este tipo de casos hubiera un “equilibrio” para que los intereses económicos no primaran siempre sobre el estado social de derecho, con esta nueva normativa cuentan con unas “facultades más amplias” para ello. Ha recordado que “los jueces no han sido insensibles ante este problema y han tenido que ser jurídicamente imaginativos hasta la entrada en vigor de esta normativa”.
El presidente del TSJA se ha congratulado de que ahora puedan contar con “un mayor apoyo legal”, frente a las anteriores “lagunas legislativas”. Tras mostrar su deseo de que se profundice en la aplicación de esta nueva normativa para beneficiar a los colectivos afectados, el presidente del TSJA ha afirmado que este “drama social afecta a muchas personas de carne y hueso” que están sufriendo una crisis con mucha más “virulencia” que otras, por lo que necesitan ayuda “social, legal y jurídica”.
Muchas en Almería
En Almería, por su parte, el juez decano, Luis Miguel Columna, ha señalado en declaraciones a La Cadena SER que”hay una reforma que se publicó ayer” y que, “como ha explicado el TSJA habrá que suspender las ejecuciones hipotecarias”.
En ese sentido ha recordado que en Almería hay “muchísimas en trámite” y que “habrá que revisarlas una por una”.
La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social se publicó el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado. Con su entrada en vigor se procede a la “suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión”. Esta medida, “con carácter excepcional y temporal”, afectará a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas.
La suspensión de los lanzamientos afectará a las personas que se encuentren dentro de una situación de especial vulnerabilidad. Para que un deudor hipotecario se encuentre en este ámbito de aplicación será necesario el cumplimiento de requisitos. “De un lado, los colectivos sociales que van a poder acogerse son las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro con discapacidad o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o las víctimas de violencia de género”.
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