Ordenan diligencias por el presunto fraude electoral del exalcalde

La juez que instruye la causa por delito electoral contra el exalcalde de Carboneras, el socialista Francisco Ruiz Aguado, ha ordenado la práctica de cuatro diligencias de prueba ordenadas en enero de 2011 por la Audiencia Provincial de Almería después de que la acusación particular lo volviese a solicitar hace apenas un mes al detectar que el último informe de la Policía Judicial no las había incluido.

El auto oficia a la Policía Judicial para que constate la existencia de las obras de mejora en calles ejecutadas en 2007 y de las que supuestamente se beneficiaron vecinos y comerciantes a cambio de su voto.

La juez cita, asimismo, a Ruiz Aguado el 17 de junio para tomarle cuerpo de escritura y se pueda, de este modo, realizar la oportuna prueba pericial caligráfica que permita su cotejo con las anotaciones manuscritas con “supuestas contraprestaciones” ofrecidas por él a ciudadanos del municipio a cambio también de su voto por correo para el PSOE y dirimir su autoría.

Tres líneas de teléfono
La tercera de las diligencias oficiadas ordena que se practiquen las gestiones “que se estimen necesarias” para facilitar los titulares en mayo de 2007 de tres líneas de telefonía fija y se procesa a entrevistarse con ellos “a fin de determinar si dichas personas pudieron votar por correo en base a dádiva recibida o prometida por los imputados”. Por último, la juez pide que se determine la “filiación completa” de algunas personas como supuestos beneficiarios.
Cabe recordar que el exregidor socialista, quien ejerció como primer edil en el año 2007 después de que el exalcalde Cristóbal Fernández renunciase al cargo para cumplir una condena de inhabilitación por otro delito electoral, fue imputado tras la declaración de un testigo presencial que, al parecer, le “sorprendió” tirando a un contenedor de basura una bolsa que contenía, entre otros documentos, esas anotaciones manuscritas. Está imputado junto a tres exediles socialistas y un empresario.

Diligencias
El letrado que ejerce la acusación particular en el procedimiento, Enrique Cerrudo, elevó a finales de abril al juzgado instructor de Vera un escrito en el que solicitaba que se oficiase a la Policía Judicial para que practicase las diligencias ordenadas hace más de dos años por la Audiencia Provincial y para que completase un informe remitido el 30 de enero pero encargado un año antes.

La juez instructora ya tuvo que requerir en hasta tres ocasiones a las principales operadoras de telefonía móvil para que facilitasen los datos relativos a los titulares de cinco números a fecha 27 de mayo de 2007 “aunque fueran secretos” como presuntos beneficiarios de los “favores” que el exregidor, según los indicios, prometía a cambio de voto tales como mejoras en las calles de sus viviendas o negocios, e “incentivos” en forma de “subvención o de pago de la factura de la luz”.

Justificaba la intervención del derecho al secreto de las comunicaciones en que, en el estado actual de la instrucción, se trataría de la “única vía de investigación para el esclarecimiento” de los hechos, por lo que concurrirían los presupuestos necesarios para acordar la medida de carácter excepcional”.

Reprochaba en 2011 el tribunal a la Fiscalía, que entonces pidió el sobreseimiento de la causa contra Ruiz Aguado, el “contrasentido” de que estimase que existían indicios para imputar al resto de implicados por los documentos encontrados en la bolsa de basura y pretendiese “poner fin a la investigación sobre aquel que tiró la bolsa”.
La citada bolsa, según el atestado policial, contenía un elevado número de resguardos de votos por correo de vecinos de Carboneras, sobres sepia con papeletas para todos los partidos a excepción del PSOE, y documentación manuscrita supuestamente por Ruiz Aguado sobre las contraprestaciones ofrecidas a los ciudadanos del municipio a cambio de su voto.

Hermana del exalcalde
La juez instructora ordenó incoar procedimiento abreviado por los mismos hechos contra, entre otros, la exprimera teniente de alcalde de Carboneras, Rosario Fernández (PSOE), al apreciar que pudo cometer un delito electoral cuando, de cara a las municipales de 2007, logró que una vecina votase por correo a la lista socialista tras ofrecerle un puesto de trabajo de limpiadora en el Ayuntamiento. La exedil fue condenada en enero de 2005 junto a su hermano, el exregidor Cristóbal Fernández, a seis meses de inhabilitación por la comisión de otro delito electoral aunque finalmente ambos fueron indultados.