El caso Tres Reyes destapa presuntas extorsiones a seis empresarios

La investigación judicial que arrancó por la denuncia de un empresario al que habrían intentado estafar –y posteriormente coaccionar para que pagara 200.000 euros- en una ficticia operación de compra de dinares iraquíes ha acabado por destapar la actividad continuada de un presunto grupo delictivo que extorsionaba a empresarios a los que amenazaban haciéndose pasar por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El sumario de la operación ‘Tres Reyes’ tiene documentados hasta cuatro casos en los que, de acuerdo con las imputaciones que constan en las diligencias policiales, se han visto involucrados seis empresarios (tres de Almería, dos de Murcia y uno de Málaga), a los que exigieron fuertes cantidades de dinero bajo amenazas, bien desde un primer momento, bien tras un intento fallido de estafa.

Según la investigación, en la actividad del grupo, perfectamente organizado y con una estructura piramidal, participarían con distintas funciones las siete personas imputadas en el sumario, las mismas que fueron detenidas los días 17 de abril en Málaga y Madrid (José Antonio Mateos, Ignacio Flores, Luis Miguel Graña) y el día 18 en Almería (José Abad, Rogelio Vargas, Ángel Morales y el exabogado jefe del Estado en Almería Demetrio Carmona). De ellos dos están en prisión, Abad y Mateos.

El ‘núcleo duro’ del grupo lo constituirían los cuatro primeros, mientras que los tres segundos aparecen identificados como quienes facilitaban la información de las posibles víctimas y la capacidad económica de éstas, valiéndose, sobre todo, del perfil de Demetrio Carmona, quien, por su posición de alto funcionario durante 25 años, poseía buena información y contactos del mundo empresarial de Almería, siempre según la investigación.

La actividad en la provincia se retrotrae a unos seis meses, a finales de 2012, cuando el grupo inicial, cuyos componentes residen en Madrid y Málaga, contacta con Demetrio Carmona, Vargas y Morales a través de antiguas relaciones de este último. Ante ellos se hacen pasar como agentes del CNI, engaño que estos creen hasta el final.

Acuerdo de reparto
A partir de ese momento –señalan los informes de la Policía Judicial de la Guardia Civil- y en base a la información que aportan los almerienses del grupo, da inicio la actividad delictiva “previo acuerdo de reparto del dinero que logren conseguir”.

Las víctimas eran empresarios que, o bien mantenían deudas o litigios con Demetrio Carmona y su entorno, o bien poseían algún bien (caso de los dinares) con el que intentar un engaño. La investigación determina que las acciones delictivas “se apoyan en la persona de Demetrio Carmona, el cual realiza un primer contacto con las víctimas y presenta a los otros miembros del grupo o a uno de ellos, dependiendo del hecho”.

Desde ese momento, los falsos agentes del CNI entran en acción exigiendo cantidades de dinero bajo amenazas de detener y encarcelar a las víctimas, ante las que alardean de tener información privilegiada de su actividad, pleitos y patrimonio por trabajar para La Casa (como es conocido el CNI en el argot de las fuerzas de seguridad).

Siete personas han prestado declaración en las últimas semanas ante la Guardia Civil y en el juzgado como perjudicados/testigos en este proceso. Además de los seis empresarios, figura un inspector de Hacienda de Málaga al que uno de los falsos agentes engañó para conseguir información de uno de los presuntamente extorsionados.
- Manuel Rodríguez Lozano es quien presentó denuncia después de que los falsos agentes de inteligencia le reclamaran 200.000 euros bajo amenaza de detenerlo cuando este percibió un intento de engaño en la propuesta de comprarle billetes de dinares iraquíes propiedad de una sociedad en la que este participa.

- Los empresarios murcianos Antonio Subiela (antiguo socio de Demetrio Carmona) y José Antonio García Subiela denunciaron haber recibido amenazas continuadas reclamándole una deuda de 6 millones de euros que estos mantendrían con Carmona por las antiguas sociedades en común. Las presiones, ejercidas por uno de los falsos agentes, concretamente José Abad, habrían llevado a exigirle que pusiera acciones del negocio de un manantial a nombre de uno de los miembros del grupo.

- Los empresarios de Tíjola Estanislao Berruezo y Javier Berruezo declararon haber recibido amenazas continuadas reclamándoles ingentes cantidades de dinero por parte de José Abad en nombre de Demetrio Carmona. Los Berruezo habían tenido negocios con Carmona y se habían enfrentado en litigios por desacuerdos con las sociedades. 

- El malagueño José Morales reconoció haber pagado grandes cantidades de dinero al grupo fruto de un engaño continuado, a raíz de haber conocido a sus integrantes por Rogelio Vargas, llegando –según su declaración- a sufrir amenazas cuando quiso dejar de aportar dinero.

La investigación se amplía
La denuncia del primero de todos ellos fue la que dio origen a unas diligencias de investigación de la Guardia Civil a finales de enero.

Los primeros datos obtenidos, identificaciones y averiguaciones llevaron a los agentes a deducir que no se trataba de un caso puntual ni casual, sino que las personas que estaban detrás del presunto delito podían participar de una trama delictiva organizada, por lo que solicitaron la interceptación de teléfonos, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 1 a mediados de marzo. Las escuchas telefónicas y los seguimientos (con fotografías) de las reuniones de los implicados fueron destapando el alcance real de su actividad. Una actividad que, en resumen, consistiría en “adquirir información económica y patrimonial de personas con alto poder adquisitivo de la provincia y hacer uso de la misma para su lucro personal, intentando en algunos casos ejecutar delitos de estafa y acudiendo a la extorsión en caso de que no se pudiera llevar a efecto, o en otros casos acudir directamente a la extorsión, haciéndoles creer  que eran agentes del CNI”.