La Audiencia Nacional confirma las sanciones a Asaja, Coag y Ecohal

La Audiencia Nacional ha confirmado las sanciones económicas impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a las organizaciones agrarias Asaja-Almería y COAG-Almería, así como a la Asociación de Comercializadores Alhondiguistas de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Ecohal) por el acuerdo de diciembre de 2009 para fijar precios mínimos en pimientos, calabacín, pepino, berenjena y tomate.
La resolución, recurrida por COAG y confirmada en todos sus extremos por la Audiencia Nacional multaba con 183.214 euros a Alhóndigas, con 29.662 euros a COAG y con 25.570 euros a Asaja al considerar que, en una situación de precios bajos en el sector hortofrutícola, pactaron durante una "multitudinaria asamblea" un acuerdo de unidad de acción, en el que se incluía un acuerdo de fijación de precios.
La sentencia subraya que las organizaciones sancionadas "actuaron claramente" como un "operador económico" y que el acuerdo no tuvo naturaleza "intersindical" sino que fue un "acuerdo de precios prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia".
La sala de lo contencioso-administrativo estima que, en el expediente, quedó acreditada suficientemente la conducta de la que derivaron las multas y hace alusión al documento, de fecha 7 de diciembre de 2009 y encabezado por las siglas de las tres organizaciones, denominado ´Acuerdo de unidad de acción sindical de Asaja-Almería y COAG-Almería en relación a la crisis del sector hortofrutícola de la provincia".
El fallo hace suyos los argumentos de la Abogacía del Estado y remarca que el mencionado documento con los "denominados precios de partida" se hizo público a través de los medios de comunicación tras una reunión convocada por la patronal agraria. Al tiempo, defiende que la cuantía de las multas tuvo en cuenta el valor de la producción/comercialización imputable a cada una de las asociaciones.
El expediente se inició tras tener conocimiento la Dirección de Investigación de la CNC a través de unas informaciones aparecidas en prensa de la posible existencia en el sector hortofrutícola de Almería de un acuerdo de fijación de precios mínimos y de la constitución de una mesa de trabajo para regular la variación de los precios, por parte de determinadas organizaciones profesionales agrarias, asociaciones alhóndigas y de cosecheros.