UGT y PSOE ‘declaran la guerra’ al fraude fiscal

La nueva dirección provincial del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) en Almería mantuvo ayer su primer encuentro con el secretario general del PSOE, José Luis Sánchez Teruel.

En esta primera toma de contacto, tres fueron los grandes temas que se pusieron sobre la mesa: la elevada cifra de desempleados que hay en la geografía almeriense (la tasa de paro EPA ronda el 38 por ciento), el estado de las comunicaciones por carretera, tren y aire y la lucha contra el fraude fiscal.

Finalizada la reunión comparecieron ante los medios los dos secretarios generales, el citado Sánchez Teruel y el nuevo líder de UGT en Almería, Félix López Alcaraz.

Quizá el asunto que mayor interés levantó en el encuentro fue el del fraude fiscal. “Vamos a dar la batalla por éste y por los otros asuntos”, concluyó el dirigente socialista.

Con anterioridad, José Luis Sánchez Teruel había expresado que poco menos que resulta “incomprensible” que empresas que obtienen beneficios - “algunas gracias a convenios urbanísticos en ayuntamientos del Partido Popular” - por su actividad en Almería, declaren sus impuestos en la capital de España, Madrid.

Para Félix López, ésta puede ser una muestra de las consecuencias negativas de la crisis en esta provincia.
“Todo el mundo, sin excepciones, tiene que pagar sus impuestos, sobre todo aquellos que más ganan, es importante evitar el fraude para que el peso de esta crisis no recaiga sobre los que menos tienen”, apuntó el dirigente sindicalista.

Esta denuncia no se ha trasladado al seno de las reuniones del llamado Pacto por Almería, del que forman parte, entre otras organizaciones, UGT y PSOE. Sí se ha debatido sobre una que también tiene que ver con el desempleo y los empresarios.

“Se ha acordado trasladar a la mesa política del Pacto por Almería un acuerdo de todos los partidos por el que se exija a las empresas adjudicatarias de obra pública que contraten a trabajadores y trabajadoras en paro de larga duración”, explicó José Luis Sánchez.

Sobre las infraestructuras, el representante socialista apuntó que la provincia no puede esperar al año 2030 para tener concluido el proyecto del Corredor Mediterráneo por no contar con financiación directa de la UE.