El PP exigirá la plusvalía al banco en daciones en pago

Eloísa Cabrera, portavoz del Partido Popular de Roquetas de Mar, ha adelantado la presentación de tres mociones al próximo pleno. Una de ellas se refiere a la responsabilidad en el pago de las plusvalías (fiscalidad relativa al incremento del valor de los terrenos) en casos de deudores sin recursos y que entreguen su propiedad en dación de pago.

La portavoz popular ha explicado que, como dice la ley, “en estos casos serán las entidades que adquieran el inmueble las encargadas de satisfacer las cantidades que en cada caso correspondan al Ayuntamiento, sin poder ser exigido al contribuyente las mismas, con la novedad, que siempre se procederá a liquidar el impuesto a la entidad bancaria salvo que en la escritura en la que se formalice la dación de pago se haga constar de forma expresa que no concurren las circunstancias para considerar situado en el umbral de exclusión al deudor o bien, que la hipoteca constituida en garantía de préstamo o créditos concedido para la compraventa de vivienda exceda de los 150.000 euros”.

De esta forma, queda claramente delimitada, y sin duda alguna, la obligación de la entidad financiera a hacerse cargo de la plusvalía del inmueble, a no ser que concurran cualquiera de las dos circunstancias señaladas. 

Eloísa Cabrera, además, recordaba que como ya adelantó el Partido Popular de Roquetas,  va a solicitar también “la urgente ampliación de la depuradora comarcal situada en el municipio, obra que la Junta ya planificó en 2010, y si entonces era necesaria ahora es esencial para la calidad de vida de los roqueteros, que ya han abonado al Gobierno autonómico más de dos millones de euros en concepto de canon de agua, sin que haya revertido en el ciudadano de nuestra localidad un solo euro”. Por ello, la portavoz popular, propone al Gobierno autonómico que la inversión necesaria para estas obras se extraiga de este canon.

Por último, ha informado de la presentación de una moción relativa a la necesidad de tomar una decisión urgente por parte de la Delegación de Fomento y Vivienda en Almería, de quien depende la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en cuanto al deplorable y riesgoso estado de las casetas de los pescadores.