La Unión de Pequeños Agricultores escenificaba ayer en la Rambla de Almería su descontento con la Ley de la Cadena Alimentaria, una nueva norma que pretende poner orden en el desbajaruste de la formación de los precios de frutas y hortalizas, busca mejorar la renta agraria y poner fin a los abusos de la gran distribución.
A pesar de esos enunciados, para UPA la nueva ley no logrará sus objetivos porque “se ha hecho dando la espalda a las organizaciones agrarias, no habiendo admitido sus propuestas y frustrando la esperanza de conseguir una posición de equilibrio para los agricultores y los ganaderos”.
Sospecha Francisca Iglesias, secretaria general de UPA en Almería, que desde el Gobierno publicitarán esa ley como “un logro sin precedentes”, pero advierte que en realidad “no esconde su iniquidad, porque establece condiciones que impedirán su general aplicación”.
Ni recoge el concepto de precios justos, ni habla de los costes de producción ni se frena la temida ‘venta a pérdidas’, dice Iglesias, que se rie de las sanciones previstas porque “son muchos más los beneficios que obtiene el infractor que las sanciones que pueden imponerse”.
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