Los ayuntamientos del PP piden a Griñán que no obstaculice sus políticas de vivienda y urbanismo

La vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Alicia Martínez, ha denunciado hoy que la Junta de Andalucía “no sabe ni responde a los Ayuntamientos en materia de vivienda”, al tiempo que ha pedido al bipartito “colaboración” en las políticas de vivienda protegida que tienen en marcha los ayuntamientos, así como que no “obstaculice” las políticas municipales en esta materia y en urbanismo.
 
En una rueda de prensa tras mantener una reunión con los delegados de urbanismo de 11 ciudades andaluzas –las ocho capitales y ciudades más pobladas de la comunidad-, donde se han analizado los problemas y las políticas que están emprendiendo los ayuntamientos en vivienda y en urbanismo, Martínez ha subrayado la unanimidad de los representantes municipales en pedir a la Junta “más colaboración” y que ponga los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) “al servicio de los ciudadanos y el empleo”.

En representación del Ayuntamiento de Almería se ha desplazado el concejal Pablo Venzal.
 
“Mientras los ayuntamientos hacen sus deberes, la Junta echa el freno, no cumple, y niega proyectos fundamentales para dinamizar la economía”, dijo la dirigente popular.
 
En este sentido, explicó que la Ley Andaluza del Derecho a la vivienda, “delegó a los ayuntamientos la gestión y la planificación propia a través de los planes municipales de vivienda, pero no transfirió recursos para ello”. Así, denunció que el bipartito, “no cumple en la promoción de vivienda pública; en la conservación del parque público de viviendas de EPSA; en la rehabilitación de barriadas; o en la concesión de ayudas para la accesibilidad e instalación de ascensores”.
 
Alicia Martínez aclaró que mientras que el gobierno ya ha aprobado un Plan Estatal de Vivienda, la Junta aún no tiene una nueva propuesta de Plan de Vivienda para Andalucía, tras el “fracaso” del anterior Plan Concertado y de que haya pasado “un año en blanco para tramitar el Decreto de la Función social de la Vivienda”.
 
Los ayuntamientos han pedido a la Junta “las ayudas necesarias para poner las viviendas protegidas de iniciativa municipal en alquiler social”, para que los inquilinos no paguen más del 25% de sus ingresos, así como la puesta en marcha de una comisión para la creación del plan de vivienda “en la que estén representados los ayuntamientos, porque son los que mejor conocen los problemas”. Además, han coincido en solicitar, como ya ha hecho el PP andaluz en varias ocasiones, que “modifiquen la normativa de los Registros de Demandantes porque son herramientas lentas y farragosas, en los que además no se tienen en cuenta el problema de los desahucios”.
 
En cuanto a los PGOU, la vicesecretaria del PP andaluz recordó que aunque las competencias para la planificación y la gestión son de los ayuntamientos, la aprobación definitiva es de la Junta. Concretamente, explicó que algunos ayuntamientos han tardado hasta siete años en conseguir el visto bueno de la Junta, un período de tiempo en el que el gobierno andaluz incluso ha cambiado las leyes urbanísticas.
 
Martínez dijo que la Junta de Andalucía “no puede ser obstáculo para el desarrollo de los PGOU”, y debe “olvidarse del sectarismo”, ya que “los proyectos que son buenos para las ciudades, son buenos para los ciudadanos”.