Encontrar empleo es difícil pero lo es mucho más si se tiene una discapacidad. La integración real es objetivo de todas las administraciones pero incluso a pesar de la ley que obliga a las empresas a emplear a discapacitados (un 2% de la plantilla) cuando se tiene más de 50 trabajadores, la empleabilidad sigue siendo un reto.
Aún así, hay en Almería ejemplos para la esperanza. Marcelo Quílez Escobar cumple años mañana lunes. Serán 25 y casi uno trabajando en la Ciudad de la Justicia como encargado de la sala de togas. Empleado a través del Colegio Oficial de Abogados de Almería, ha demostrado a sus compañeros que es capaz de hacer lo mismo que cualquier otra persona, “o incluso mejor”.
Paqui Lorenzo Becerra, de 39 años, es ayudante de ordenanza en el área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, donde “se cubre el porcentaje, no inferior al 2% de la plantilla municipal, de personas con discapacidad, en los términos de la normativa reguladora de la Función Pública”, señala la concejal de Personal, Lola de Haro.
El cuadro de personal en activo del Ayuntamiento de la capital cuenta con 22 personas con discapacidad. Los cargos dispares: desde la directora de centros de servicios sociales comunitarios a un policía local pasando por ordenanzas, secretario de concejal u oficial de parques y jardines. Todos hacen su trabajo y lo hacen bien, señalan sus propios compañeros. Además, vienen “felices, con una sonrisa”.
Trabajadores capacitados
Tal y como señalan desde la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), estos trabajadores están “capacitados” para desempeñar las funciones para las que se les ha contratado. No se trata, por tanto, de hacer obras de caridad, sino de contratar a personas válidas, reconocen desde la Federación. De hecho, esta entidad se encarga, en ocasiones, de hacer de “bolsa de empleo”. Y lo cierto es que consiguen su objetivo. “¿Cómo lo hacen? Llamando a la puerta de las empresas”, dice Justo Montoya, abogado de FAAM.
Beneficios para las empresas
Además de cumplir con la ley, las empresas que contratan a personas con discapacidad obtienen beneficios fiscales y otras ventajas como la posibilidad de acceder a concursos públicos. “Si no se cumple con el porcentaje exigido de contrataciones a personas con discapacidad, algunas empresas pueden perder determinados contratos”, recuerda Montoya.
La delegación territorial de Salud y Bienestar Social apuesta también por integrar a través del empleo. Alumnos del centro ocupacional Javier Peña son ejemplo de esta integración laboral. A día de hoy, cuatro están trabajando a tiempo parcial en la empresa de cátering Serunión, dice su director, Nicolás Navarro.
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