La UE no quiere líos y ofrece a España que reparta sus ayudas de la PAC

La UE no quiere líos y ofrece a España que reparta sus ayudas de la PAC

Antonio Fernández
01:00 • 25 jun. 2013

No es estrictamente lavarse las manos, pero en el ánimo de la Comisión Europea está permitir que sea el Gobierno español quien decida, dentro de un razonable margen de maniobra, cómo se repartirán las ayudas que le correspondan en la futura Política Agraria Común.
Así lo dijo ayer el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos al inicio de las negociaciones que tratarán de cerrar con el Parlamento Europeo las líneas maestras de la PAC, al hablar de “elementos de flexibilidad”


Diversidad española. La cuestión es que hasta el momento el Gobierno español mantiene diferencias sustanciales con respecto a las líneas que plantea la Comisión Europea a la hora de hablar del reparto de los dineros europeos.
La existencia de tipos de explotación sustancialmente diferentes hace que tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca Medio Ambiente como las comunidades autónomas y los propios agricutores. Se pretende que se prime a la producción por encima de la superficie de explotación, e incluso políticas y medidas diferentes, como en el caso de las hortalizas, donde se quiere dar importancia a las medidas encaminadas a reforzar el papel de las Organizaciones de Productores (OPFH) o de las cooperativas para mejorar la comercialización.
Ciolos no quiere líos en ese reparto y por eso afirma “entender” la especificidad de España y la necesidad de un reparto diferente de las ayudas aunque, eso sí, respetando unas normas básicas de reequilibrio que forman parte del ideario comunitario.


Regionalización. Por ello desde Bruselas existe disposición a permitir que España pueda hacer una regionalización de las ayudas sobre la base de “criterios agronómicos” que tengan en cuenta las prioridades de cada sector.
La propuesta de Bruselas abre en cualquier caso el debate con las organizaciones agrarias, que en unos casos lo ven con buenos ojos, pero en otros recelan de la ‘bondad’ de las decisiones que pueda adoptar el Ejecutivo español.







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