Salud García Caparrós tenía 41 años. Era celadora en el Hospital de Poniente (El Ejido) y residía en un dúplex de la calle Homero de la Puebla de Vícar junto a su hija adolescente y su marido, Francisco Antonio Jiménez, de 44 años, conductor nocturno de la empresa de limpieza Urbaser y con serios antecedentes de alcoholismo.
A las 9 horas del 27 de septiembre de 2011 una patrulla de la Policía Local de Vícar encontró a Francisco en el suelo de la casa, ensangrentado junto al cadáver de su esposa. Más de 300 compañeros se concentrarían unas horas más tarde en el complejo hospitalario para rechazar el último caso de muerte por violencia de género en la provincia.
Dos años después, el Crimen de la Puebla de Vícar llega a los tribunales. Desde ayer un jurado popular reunido por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería examina las presuntas responsabilidades de Francisco Antonio Jiménez Jiménez en el suceso.
La Fiscalía (respaldada por la Abogacía del Estado y Junta de Andalucía) pide para el imputado 31 años de prisión por asesinato, amenazas y un delito continuado de violencia de género. La acusación particular eleva esta solicitud a 37 años de cárcel y añade las responsabilidades por daños morales a la hija del matrimonio, menor de edad. Y, finalmente, la defensa pide dos años y medio por la aplicación de tres atenuantes a un delito de homicidio.
Informes médicos
El juicio girará durante toda la semana en torno a los informes médicos sobre Francisco Antonio Jiménez, puesto que no existen dudas sobre la autoría del crimen. El acusado mató a Salud García a golpes, presuntamente movido por la venganza tras recibir la notificación de la demanda de divorcio. Ahora, será el jurado popular quien dilucide si actuó movido por un arrebato, como sostiene la defensa, o con un plan predeterminado. Para ello, los informes psiquiátricos serán claves.
En la primera sesión del juicio celebrada ayer Francisco Antonio Jiménez dificultó los interrogatorios con una total ausencia de respuestas sobre el periodo entre la noche previa a la agresión y su ingreso en la prisión de El Acebuche. Según anunció su letrado, Javier Gómez Granados, sufre “amnesia disociativa” fruto de shock y no recuerda absolutamente nada del suceso.
En su descargo, presentó un relato con constantes alusiones a su alcoholismo y negó la violencia de género. “El alcohol me dejaba más relajado, más tranquilo, me gustaba beber, el cuerpo me lo pedía (...) Ella quería divorciarse por el problema de la bebida, era el único problema, yo sé que me quería y mi hija también”, explicó a preguntas de las acusaciones.
Francisco Antonio Jiménez no respondió a ninguna pregunta sobre la agresión. “En la cabeza me dio algo raro y cuando me vine a dar cuenta de dónde estaba, llevaba ya un tiempo en prisión”. Según el letrado Javier Gómez Granados, actuó “las evidencias demuestran que actuó fuera de control, en arrebato y bajo los efectos del alcohol; no trató de huir de lugar porque no estaba equilibrado”.
Esta tesis fue radicalmente rebatida por las acusaciones. La letrada de la familia de Salud García señaló que la víctima sufrió “una vida de malos tratos que culmina en un asesinato”. Según la letrada de la acusación particular, madre e hija “estuvieron sometidas a un régimen de torturas”.
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