La ex secretaria niega la falsedad de las facturas y señala a Luis Pérez

Luis Pérez Montoya, ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, y María Teresa González, ex secretaria del Patronato de Turismo, volvieron ayer a sentarse ante el magistrado Luis Durbán por el denominado Caso Facturas.

El primero entró y salió por la puerta principal de la Ciudad de la Justicia de Almería a primera hora de la mañana; la segunda optó por una puerta trasera alejada del foco de las cámaras. Y aunque toman caminos separados, ambos comparten un punto central en sus declaraciones: negar la falsedad de las facturas.

Luis Pérez Montoya mantuvo el relato ofrecido ante el instructor el pasado 5 de julio y negó ayer que las facturas fueran falsas. Según fuentes judiciales, el ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería aseguró que sólo se ocupaba de dar conformidad a las facturas y que no fiscalizaba la gestión de los servicios contratados, misión de funcionarios de la institución.

El imputado se enfrentó a un duro interrogatorio del letrado de la Diputación, Antonio Abad. Además, no recibió preguntas sobre cada uno de los recibos sino sobre el conjunto de las facturas que la instrucción considera fraudulentas en su conjunto.

Se trata de 105 facturas presentadas en dos periodos por el actual gobierno de la Diputación de Almería (PP) por un valor aproximado de 460.000 euros y correspondientes a gastos de 2009 a 2011, según la denuncia de la institución provincial.

Una versión similar ofreció la ex secretaria unos minutos antes que el propio Luis Pérez Montoya. María Teresa González aseguró que no tenía consciencia de la existencia de facturas falsas, que sólo se ocupó de trámites legales y que de haber irregularidades serían imputables, en todo caso, a sus superiores. Ella sólo cumplía las órdenes, según su explicación. Por eso mira a Pérez Montoya y al entonces gerente del Patronato de Turismo, Francisco Iglesias.

En efectivo

Hasta el momento el Caso Facturas tiene diez imputados. El último en sumarse a la lista es el gerente de Publifiestas Conde, Joaquín Conde. Ayer fue el primero en comparecer ante el magistrado Luis Durbán, a eso de las diez de la mañana.

A Conde se le vincula con unos cobros en efectivo realizados a través de la empresa Leitour Viajes, cuyo gerente, Francisco Javier Guerrero, está igualmente imputado en la causa. Estas supuestas cantidades estarían relacionadas con la deuda que el equipo de voleibol Unicaja Almería tenía con ambos y cuyo cobro se habría gestionado a través del Patronato de Turismo, patrocinador del equipo y mediador en el conflicto.

El instructor no tomó ayer medidas cautelares contra ninguno de los tres citados, aunque sí se pronunció sobre la situación de Guerrero. Durbán estimó la petición de su abogado y ayer dictó auto de libertad condicional para el empresario. Francisco Javier Guerrero salió de El Acebuche sobre las 20 horas tras pasar en la cárcel de Cuevas de los Medina doce días. La investigación le sitúa en el centro de la presunta trama como emisor de las  facturas falsas o engordadas.

Cuentas

El Caso Facturas se destapó con la denuncia del PP ante presuntas irregulares en el anterior gobierno provincial (el ex gerente Francisco Iglesias, no obstante, asegura que él fue el primer denunciante en este asunto). La Diputación aportó a la Fiscalía seis recibos sospechosos por un importe total de 60.000 euros y posteriormente añadió otros 99, en una segunda remesa, por valor de 400.000 euros.

El juez instructor requirió documentos de contabilidad para cotejar los gastos con las facturas. Más recientemente, en una providencia emitida esta semana, Luis Durbán solicitó a la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía datos sobre el movimiento y estado de las cuentas bancarias de la ex secretaria del Patronato, María Teresa González.