El magistrado Luis Durbán endurece las medidas contra los imputados en el denominado Caso Facturas. El titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Almería decretó ayer prisión provisional eludible bajo fianza para cuatro de los diez imputados en la presunta trama de facturas falsas en viajes del Patronato Provincial de Turismo.
El instructor emitió autos individuales para Luis Pérez Montoya, ex vicepresidente de la Diputación de Almería, María Teresa González, ex secretaria del Patronato de Turismo, Joaquín Conde, gerente de Publifiestas Conde, y Francisco Javier Guerrero, responsable de la agencia Leitour Viajes.
Los tres primeros prestaron declaración ante el juez durante la mañana del miércoles. El cuarto curiosamente salió de El Acebuche por la tarde tras pasar doce días encarcelado provisionalmente por este procedimiento.
Pérez Montoya, González y Conde deberán depositar una fianza de 12.000 euros antes del próximo 29 de julio para evitar su ingreso en el centro penitenciario. Hasta ese momento estarán en libertad condicional. Mientras, el empresario Javier Guerrero tendrá que aportar únicamente 6.000 euros para eludir la prisión.
Están imputados por una supuesta malversación de dinero público a través de la emisión de 105 facturas falsas pertenecientes a servicios contratados por el Patronato de Turismo entre 2009 y 2011. El importe total del fraude denunciado por el actual gobierno de la Diputación de Almería (PP) es de 460.000 euros.
Pasaporte
Además de las cuatro personas mencionados, el magistrado Luis Durbán ordenó ayer medidas cautelares para otros cuatro imputados, aunque sus nombres no han trascendido. Todos ellos tendrán que presentarse en el juzgado los días 1 de cada mes y se les retirará el pasaporte, medida tomada con frecuencia para evitar hipotéticas fugas.
Los autos se emitieron apenas 24 horas después de las segundas declaraciones de Luis Pérez Montoya y María Teresa González en la Ciudad de la Justicia. Ambos mantienen que desconocían que se trataran de facturas falsas. No obstante, el juez ve indicios de malversación de fondos públicos y falsedad documental en los 105 recibos aportados. Imputa además prevaricación, es decir, consciencia de la ilegalidad de las acciones.
Ahora bien, las cantidades impuestas como fianza a Luis Pérez Montoya, María Teresa González, Joaquín Conde y Francisco Javier Guerrero parecen asumibles por su escasa cuantía y todo apunta a que ninguno de ellos ingresará en prisión por los autos dictados ayer por el juez instructor del. Caso Facturas.
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