El interventor de los ERE alertó de irregularidades en Almería

El exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, imputado en el caso de los ERE que investiga la juez Mercedes Alaya, también puso en la diana política presuntas irregularidades en el Hospital de Poniente, en Almería.

En concreto, Gómez Martínez, que prestó declaración ante Alaya en la jornada del pasado 25 de julio, desveló que durante su etapa como alto funcionario de la Administración autonómica elaboró un informe de actuación sobre el convenio colectivo de esta empresa pública, de la que actualmente dependen los hospitales de Poniente y los centros de alta resolución de El Toyo, en la capital almeriense, y Guadix y Loja, en la provincia de Granada.

El texto del convenio colectivo del Hospital de Poniente relativo al periodo 2008-2010 fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta del 17 de febrero de 2009. En la actualidad, en la Agencia Pública Empresarial Hospital de Poniente hay una plantilla de unos 1.700 trabajadores, según los datos ofrecidos por su directora gerente, María García Cubillo.

El exinterventor afirmó que en ese informe alertaba que el convenio colectivo con el personal del hospital “preveía un incremento salarial por encima de lo legalmente establecido”.

Sobre este asunto, el diario ‘El País’ informaba en su edición digital que desde la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía se negó la existencia de dicho informe.

El informe de actuación como tal “no llegó a nada”, es decir, no se elevó hasta la mesa del Consejo de Gobierno.
Las aseveraciones de Manuel Gómez se han conocido a raíz de una pregunta que en esa comparecencia judicial le formuló el abogado del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. En concreto, Fernando de Pablo

Haza interrrogó al ex alto cargo sobre informes de actuación que había elaborado durante su etapa como interventor general.

LA VOZ DE ALMERÍA ha tenido acceso a la respuesta literal que ofreció Gómez Martínez a la pregunta de De Pablo Haza. Esta fue su declaración:
“Que el declarante ha emitido Informe de Actuación dirigido a la Consejería de Salud, en 2008 o 2009 con motivo de la auditoria de la empresa pública Hospital el Ejido, la suscripción de un convenio colectivo con el personal del hospital que preveía un incremento salarial por encima de lo legalmente establecido. Que este informe mereció una carta de respuesta de la Consejería de Salud contradiciendo el informe de la Intervención y justificando el convenio”.

“Que finalmente no llegó a nada el Informe de actuación. Que no llegó al Consejo de Gobierno y no se dejó sin efecto el convenio colectivo, con el gasto añadido para la Junta de Andalucía. Que la solicitud de haber remitido al Consejo de Gobierno el informe de actuación, debería haberse realizado por la Consejería de Salud. Se le pone de manifiesto por S. Sria. que debería haber sido la Consejería de Hacienda en virtud del decreto 9/1999, ante el informe de disconformidad de la Consejería de Salud, pues aunque no se expresó con claridad la citada Consejería, al no mostrarse conforme, debió entenderse disconforme y entonces la que habría incumplido sería la Consejería de Hacienda que no habría elevado las actuaciones al Consejo de Gobierno. Y manifiesta que es cierto como ha manifestado S. Sria”, se añade en la transcripción judicial .

El abogado de la acusación particular que ejerce el Partido Popular de Andalucía en el caso de los ERE, Luis Manuel García Navarro, preguntó a continuación por el responsable político de este asunto en la Junta. “Que el Consejero de Hacienda en aquel momento relatado era Don José Antonio Griñán”, respondió Manuel Gómez.