La Junta investiga los contratos hipotecarios que contienen cláusulas abusivas

La Junta de Andalucía ha iniciado una campaña de inspección para averiguar qué bancos están aplicando a sus clientes cláusulas abusivas en sus contratos hipotecarios.

La Dirección General de Consumo de Andalucía, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones institucionales, a cargo de IU, les exige el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que se posiciona en contra de estos abusos y que declara nulas las cláusulas suelo en los casos en los que el banco no hubiera sido transparente con sus clientes.

La campaña ha comenzado este mes de julio y finaliza el 30 de noviembre. Se van a inspeccionar unas 300 escrituras hipotecarias de 20 entidades bancarias, una media de 15 hipotecas por cada banco.

Se investiga la presencia de cláusulas abusivas como la de intereses de demora o las cláusulas suelo. Una vez recabada toda esta información comenzará un proceso sancionador, que puede ser largo y durar hasta un año.

Se contemplan multas de entre 5.000 y 30.000 euros por infracción grave y de 30.000 a 400.000 si es muy grave, por ejemplo si el banco se ha aprovechado de "una situación de necesidad" de los clientes o si ha explotado la "especial situación" de determinados colectivos como inmigrantes, menores o discapacitados.

La directora general de Consumo, Dolores Muñoz, ha explicado que el deber de esta administración es velar por los derechos de los consumidores y para eso tiene que garantizar la transparencia en estos contratos hipotecarios. "Vamos a sancionar todo aquello que sea sancionable", añade.

Consumo pide a los bancos la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 9 de mayo, que declaró nulas las cláusulas suelo incluso si beneficiaron al hipotecado. Una decisión judicial que, según su directora general, debería ir más allá y garantizar que se cumpla la legalidad de forma retroactiva. "Creemos que el tribunal Supremo se ha quedado a la mitad del camino, que no ha llegado a donde debería de llegar y la ciudadanía necesita ya respuestas más activas", asegura.

Con este fin, ha enviado cartas a las diferentes entidades bancarias afincadas en Andalucía en las que alerta de la ilegalidad de las cláusulas abusivas, como indica este fallo del Supremo, y donde se les pide colaboración para que de forma voluntaria paguen a los clientes afectados por estos abusos el dinero que les deben.

"Nos ofrecemos para la mediación y para buscar una solución a este problema porque lo que le interesa a la ciudadanía es resarcirles del dinero que se le debía anteriormente", explica la directora general de Consumo.