El decreto de la Junta ampara ya a diez familias al filo del desahucio

El decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía permanece vivo en los despachos a pesar de la suspensión cautelar adoptada por el Tribunal Constitucional (TC). Las oficinas de intermediación hipotecaria adscritas a la Consejería de Fomento y Vivienda mantienen activa la asistencia a familias en riesgo y, aunque la disposición del TC impide ejecutar la expropiación del uso de los inmuebles a las entidades financieras, el trabajo de detección de los afectados no se ha detenido.

Según datos oficiales de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, la nómina de familias almerienses beneficiadas por el decreto ha crecido hasta la decena en los últimos días. La Junta ha dado luz verde a los procedimientos y esto supone, en la práctica, que podrán disfrutar de las ventajas de la norma autonómica  en cuanto el Constitucional levante el veto, si finalmente así lo hace.

La Consejería confía en ello. “No nos rindimos porque creemos que el decreto es completamente constitucional”, señala Encarnación Caparrós, delegada de Fomento y Vivienda en la provincia. “Nuestra preocupación es solucionar los problemas de los ciudadanos”, añade la delegada. “La Consejería de Fomento y Vivienda no baja los brazos y continúa luchando para evitar desahucios”, afirmó la consejera Elena Cortés en un  acto celebrado la semana pasada en Huelva.

Hasta el momento, la Junta había anunciado el estudio de una treintena de expedientes de familias con requisitos compatibles con el decreto antidesahucios. Ocho de ellas tenía ya luz verde (ahora diez) y tres se llegaron a publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para abrir el periodo de alegaciones previo a la expropiación del uso de las casas, en manos de las entidades financieras.

Mediación

Estas últimas pertenecían a dos familias de Roquetas de Mar (plaza Itálica y calle Pablo Picasso) y una en Almería capital (calle Campo Verde). Las entidades que demandan el pago de las deudas son Citifin, Banco de Santander y Gescat Vivendes en Comerializacio, según la información pública de las expropiaciones. Según subraya la delegada Encarnación Caparrós, “las familias se encuentran desoladas” tras conocer la decisión de TC de paralizar el decreto de la Función Social de la Vivienda.

Ahora bien, el ejecutivo andaluz considera estos casos la punta del iceberg del decreto antidesahucios y las medidas para paliar el riesgo de exclusión social. No en vano, la norma prevé sanciones a las entidades que mantengan sus viviendas vacías (700.000 en la comunidad, según las estimaciones).  “Es una norma que evitaba desahucios cada día, porque afectaba a todos los desahucios, ya que ante la perspectiva de quedarse con una vivienda vacía expropiable o sancionable, la entidad financiera se lo pensaba más antes de echar a nadie”, señala Elena Cortés.

De forma paralela a los procedimientos de expropiación, la Delegación de Fomento y Vivienda busca soluciones consensuadas con las entidades a través de la oficina de intermediación hipotecaria. Según indica Encarnación Caparrós, a cifras de 31 de mayo, el servicio había asistido en la provincia de Almería a 386 familias en dificultades, 29 de ellas derivadas a recursos de asistencia social por la gravedad de sus casos.

La mayoría proceden de Almería, El Ejido, Roquetas de Mar y la Comarca de Níjar, donde se han localizado “situaciones extremas”, en palabras de la delegada territorial. En muchos casos se han conseguido pactos para la dación en pago con las entidades, especialmente en deudas sobre viviendas de promociones de protección oficial.

Concentración

Y esta guerra abierta contra los desalojos la Junta cuenta con un aliado en las organizaciones sociales. La última intervención de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Almería (PAH) evitó ayer un desahucio en la barriada capitalina de Los Molinos.
En la Carretera del Mamí número 116  reside Macarena Cruz junto a su pareja y su hija, que precisamente ayer cumplía cuatro meses. Más de medio centenar de miembros de la PAH esperaban la llegada de la comisión judicial a las diez y media de la mañana para impedir el desalojo. Sin embargo, una hora antes, llegaba una buena noticia. La entidad financiera UCI, que reclama el pago de la hipoteca desde hace cinco años, paralizaba la orden de desahucio para darle la oportunidad a la familia de negociar una alternativa en el pago de la deuda.

Los padres de Macarena, propietarios del inmueble, adeudan unos 140.000 euros (más los intereses de demora), con una cuota mensual de 800 euros.  Ahora, con sus padres separados y sin poder afrontar el pago de estas cantidades, Macarena se encuentra al borde del desahucio. Ni ella ni su pareja, en paro desde hace más de tres años, reciben ingreso alguno. Ayer recibió el apoyo de la PAH.
José del Águila, portavoz de la plataforma ciudadana, asegura que a lo largo del año más de 600 personas de toda la provincia han acudido a la plataforma para pedir asesoramiento. “Es importante que la gente no espere al último momento para pedirnos ayuda”, afirmó el portavoz de la plataforma a las puertas del inmueble.