Economía amenaza a los procuradores

La futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales amenaza con abrir una profunda grieta en los juzgados. El anteproyecto auspiciado por el Ministerio de Economía establece una liberalización de los precios en algunas profesiones y suprime la incompatibilidad de funciones entre procuradores y abogados.

La norma pretende a priori favorecer a los clientes y abaratar los costes de los servicios contratados; sin embargo, en la práctica la iniciativa ha levantado una tormenta de críticas por “favorecer la precariedad y empeorar el servicio a los ciudadanos”.

Los procuradores ven en la norma una amenaza evidente para su trabajo, si finalmente los abogados pueden asumir sus funciones de representación de los ciudadanos ante los tribunales de Justicia.  Además, consideran que  a futura ley “va a empeorar considerablemente el funcionamiento de la Administración de Justicia retrocediendo a situaciones de hace más de treinta años”.

“De Guindos ha elaborado un anteproyecto retrógrado y antiprogesista”, explica María del Mar Gázquez, decana del Colegio de Procuradores de Almería. “La eficiencia del procurador es significativa porque colabora en todo momento con la Administración de Justicia”, añade Gázquez.

El presidente del Consejo General de los Procuradores de España (CGPE),  Juan Carlos Estévez, anuncia alegaciones y medidas de protesta. Ya han conseguido 25.000 cartas de apoyo contra el anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de agosto.

Inversión

Estévez recuerda también la inversión ya realizada por el colectivo para impulsar las comunicaciones telemáticas (sistema LexNet, ya activo en la provincia de Almería). María del Mar Gázquez, explica que “los procuradores han invertido una cantidad muy considerable del propio pecunio y a base de cuotas, con esfuerzos para pagarlas, para crear una plataforma telemática en el Consejo General de Procuradores de España (manejan 50 millones de notificaciones anuales)”.  “Una vida entera de experiencia y utilidad que desembocan en un  proceso perfectamente  llevado,  es la que el señor De Guindos con su obsoleta reforma quiere arrebatarle al justiciable”, concluye la decana de Almería.

Por su parte, los letrados temen “una guerra de precios”, en palabras del decano del Colegio de Abogados de Almería, José Pascual Pozo, que les haga “trabajar más por menos dinero”. “Mi opinión es que las cosas están bien definidas ahora, que los abogados hacen unas funciones distintas a los procuradores, y que ambos necesitan preparación y estudio para sus funciones”, señala Pozo.  “El abaratamiento de los costes se hace a costa de los ciudadanos” y beneficia “a los grandes despachos y empresas”.