Los desahucios bajan, pero siguen en cifras negras

El número de desahucios en la provincia continúa en cifras negras, con una media anual que ronda los 1.500 casos registrados en los Servicios Comunes de los juzgados almerienses. Sin embargo, la avalancha de ‘lanzamientos’ parece ralentizarse levemente.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó este viernes las estadísticas de su informe sobre ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, el principal indicador actual sobre embargos, despidos conflictivos, concursos de acreedores y reclamaciones de cantidades. Según el documento, el análisis del primer semestre de 2013 arroja un descenso del número de desahucios del 23 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.
En la primera mitad del año se han iniciado 685 procedimientos de desalojo (no significa necesariamente que se hayan ejecutado), mientras en 2012, a la misma altura del año, la estadística rozaba ya los 900 asuntos.

El CGPJ detecta este descenso en el conjunto del país y destaca posibles causas de la variación. “Las causas de esta disminución son diversas, pudiendo citarse como origen la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social y la  Ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas”, explica el CGPJ.
Sobre la segunda norma, señala, “entre otras novedades suprime la diligencia de lanzamiento en los casos en que el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, donde se dejará sin efecto la diligencia de lanzamiento, salvo que el demandante interese su mantenimiento para levantar acta sobre el estado de la finca”.
No obstante, matiza el CGPJ, “debe recordarse que los lanzamientos pueden afectar a muy distintos tipos de inmuebles, no sólo a viviendas, y que el que se soliciten al servicio común no significa que este lo haya podido ejecutar”.
Otro elemento de análisis es el efecto positivo de las iniciativas puestas en marcha en la comunidad autónoma y por algunas instituciones. Actualmente en Almería existen dos órganos de mediación frente a procedimientos de desahucio. Tanto el Colegio el Colegio de Abogados, con apoyo del Ayuntamiento de Almería y de la Diputación, como la propia Junta de Andalucía cuentan con oficinas de intermediación ante las entidades financieras. Ya han asistido a cientos de familias y alcanzado acuerdos para frenar procesos de desalojo.

Especialmente positivo es el trabajo de la oficina de la Delegación de Fomento y Vivienda en Almería con los casos de deudas hipotecarias sobre familias residentes en inmuebles de protección oficial, donde el porcentaje de acuerdos alcanzados con las entidades es elevado.
Asimismo, la Junta valora el efecto disuasorio de la ley de expropiación del uso de inmuebles puesto en marcha por la Administración autonómica de la mano de Izquierda Unida y que conmina a los bancos a negociar soluciones alternativas como alquileres sociales o la dación en pago.