La expropiación de la Junta "salva" tres años la casa de dos familias

“¿Dónde ha salido? ¿Es ya definitivo?” Las propias familias roqueteras se enteraban ayer por LA VOZ de la noticia que les aportaba una “pequeña luz” al final del túnel. El Boletín Oficial de la Junta publicaba la aprobación de dos nuevas expropiaciones, la segunda y la tercera que se realizan en la comunidad autónoma tras una expropiación en Huelva, al amparo de la nueva Ley de Función Social de la Vivienda de finales de septiembre. Y ambos expedientes tenían como objeto dos viviendas en Roquetas de Mar separadas por menos de  un kilómetro.

Para J. Torres y su mujer, que viven en la plaza Itálica, frente al nuevo Centro de Salud de Roquetas Sur, acababan ayer diez meses de sufrimientos, desde que la pasada Navidad recibieran la visita de un representante de Gescat Vivendes en Comercializació, la gestora inmobiliaria de La Caixa, exigiéndoles que abandonaran su vivienda. 

En paro desde 2009

“Nos trataron como si fuera culpa nuestra, porque no ‘la queríamos’ nos dijeron”, recuerda la roquetera, “pero estuvimos pagando seis años y dimos nuestra entrada...” No quieren dar sus nombres completos y piden cierta intimidad “ya que sólo la familia más cercana conoce la situación”.

El matrimonio compró la vivienda en 2004 por 141.000 euros, después de haber tenido que vender “mal y rápido” su anterior casa por una deuda de un familiar. Según cuentan, estuvieron pagando hasta 2009, cuando J. Torres quedó en el paro y los escasos ingresos de los trabajos temporales de su mujer les impidieron continuar.  

Fecha de deshaucio

En mayo, tras la aprobación del Decreto de la Vivienda  por parte de la Junta y con la ayuda de un nuevo abogado -“que ha sido un ángel en el camino”- acudieron a la Junta. “También fuimos a la PAH, porque en junio ya teníamos la fecha en la que nos iban a echar, pero una semana antes nos dijo el abogado que se anulaba gracias a estas medidas”, cuenta J. Torres.

A pesar de que el Gobierno central mantiene en el Constitucional este decreto y se paralizaron los expedientes, la aprobación de la nueva Ley andaluza de Función Social de la Vivienda a finales de septiembre reactivó el proceso. Tras 20 días, la publicación en el BOJA y la próxima aprobación en Consejo de Gobierno de la Junta de ambas expropiaciones es “un respiro” para las dos familias roqueteras. Ahora tendrán tres años de margen, en los que podrán seguir viviendo en sus casas, a la espera de que su situación económica mejore. 

De hecho, J. Torres atendía a este periódico casi de camino a un trabajo que ha conseguido hace pocos días gracias a un amigo. “Aunque es por un mes, en el sector hotelero, y avisaron de que pagarían con retraso”, se resigna. Su mujer no se encuentra en una situación mejor. Trabajó en verano en una gran superficie y ahora percibe el subsidio con el que viven mientras espera “ansiosa” la respuesta de una entrevista de trabajo. “Me llamarán en noviembre; si lo consigo, será verdad que vemos luz al final del túnel”.

En las 200 viviendas

La otra vivienda que ‘salva’ la Ley de Función Social se encuentra en el barrio de las 200 viviendas, en la Avenida Pablo Picasso, y está a nombre de Lafita Amimcom. Esta familia también cumple las condiciones previstas en la norma: que el desalojo pueda generar exclusión social, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido un importante menoscabo y una situación de endeudamiento. 

El deterioro de las condiciones económicas familiares toma como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. 

La entidad a la que se le expropia la vivienda es Citifin, propiedad de Citibank.