Ante el desahucio “pierdan la vergüenza y pidan ayuda”

El beneficiario de la expropiación temporal del uso de su vivienda en Balerma, la tercera en esta semana en Almería, ha aconsejado a las personas que se vean afectadas por un proceso de desahucio ante el embargo de su casa que “pierdan la vergüenza” y “pidan ayuda” para resolver su situación y activar unos mecanismos que “realmente funcionan”.

El beneficiario, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha explicado la situación económica que ha vivido en su casa, donde convive con sus padres de avanzada edad y aquejados por una enfermedad, ha hecho que finalmente se decidiera acudir a los servicios sociales para pedir orientación y solicitar acogerse al decreto de la Junta.

“Los ingresos empezaron a disminuir y las cuotas de la hipoteca a subir hasta que tenía que decidir continuar con los pagos o llevar comida a casa y pagar la luz y el agua”, ha afirmado este hombre que actualmente se encuentra desempleado y al que la entidad para la que trabaja adeuda tres meses de sueldo, motivo por el que aún no ha podido solicitar el subsidio.

Hipoteca creciente

No obstante, ha señalado que pese a todo, él era un “mileurista” que en un principio pagaba una cuota mensual de hipoteca de 400 euros, si bien posteriormente “llegó a los 850 euros” mensuales. En esta línea, ha relatado las dificultades para afrontar los pagos, máxime cuando sufría retraso en el abono de su nómina y se le aplicaba mora en el pago de la hipoteca.

El balermero, que ha agradecido a su hermana el apoyo económico dado durante los últimos meses, reside con sus padres en una vivienda ubicada en el número 1 de la calle Cigala que cuenta con una superficie construida de 74 metros cuadrados.
Esta vivienda había sido embargada por Unicaja y estaba en un procedimiento de ejecución hipotecaria instada por dicha entidad.

Los pasos

El procedimiento de expropiación y el siguiente paso, una vez completada la tramitación y estudiadas las alegaciones que puedan plantearse en los próximos 15 días, será ir a Consejo de Gobierno.

La culminación del expediente asegura a los ocupantes un techo en el que vivir en alquiler social durante tres años, en los que la familia afectada pagará el 25% de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes.