El Caso Poniente condiciona asumir Elsur

Durante el último Pleno del Ayuntamiento de El Ejido, convocado antes de que finalice el periodo de consultas relativo al ERE que se va a aplicar a la empresa mixta de servicios municipales Elsur, se ha impuesto la existencia de prejudicialidad penal ante el inicio del expediente de rescisión con Elsur.

Pese a ello, “el equipo de Gobierno sigue apostando por recuperar los servicios de mantenimiento ligados al canon, buscando así la mejor opción para los intereses generales del municipio, tanto en lo relativo a la prestación de los servicios públicos como desde el punto de vista de la actual situación económico-financiera que atraviesa el Consistorio”, señala el consistorio  en un comunicado.

El alcalde, Francisco Góngora, ha señalado que el principal objetivo es la recuperación de los servicios de mantenimiento vinculados al canon de Elsur, así como garantizar el máximo número de empleos posible, punto en el que ha aclarado que “el inicio del expediente de rescisión no anula el ERE ni lo hace anulable, de la misma manera que impediría una posible negociación”, ha insistido.

En este sentido, el primer edil ha explicado que “si iniciamos ahora el camino de la rescisión tendremos muchísimos menos elementos probatorios que dentro del marco de la Operación Poniente, donde se podrían determinar y acreditar esas estimaciones de las cantidades presuntamente sobrefacturadas por Elsur al Ayuntamiento”.

“No tenemos ningún interés en defender las irregularidades del pasado, y ello queda lo suficientemente claro con los informes existentes y con todas las medidas que hemos adoptado para avanzar, investigar y esclarecer todo lo posible”, ha subrayado el primer edil.

Interés general

Góngora ha insistido en que “ésta es la mejor opción para el interés general del municipio, ya que un paso en falso ahora nos imposibilitaría poder acreditar todos los incumplimientos que ha habido”. “Nadie tiene más ganas que este equipo de Gobierno -continúa el alcalde- de que las cosas se demuestren y se acrediten para poder actuar en consecuencia, resarciendo, con ello, al Ayuntamiento de las cantidades que estamos convencidos que se han sobrefacturado y que cuantificamos entre los 120 y los 150 millones de euros; ojalá tuviéramos esos partes de trabajo y un control minucioso y exhaustivo… pero no se hicieron y ahora hay que demostrar esas irregularidades”.

Informes técnicos

De esta forma, el alcalde ha anunciado en el pleno que el Ayuntamiento remitirá todos los informes técnicos al juzgado que instruye la Operación Poniente y a la Fiscalía, así como el informe de auditoria que se realizó para analizar la gestión realizada desde el año 2007, que también irá acompañado del informe jurídico correspondiente.