La Consejería de Fomento y Vivienda evita más de 310 desahucios en un año en Almería

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha evitado 313 desahucios en un año en la provincia de Almería. “El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha cumplido su objetivo fundamental: que las personas que acuden a nosotros para evitar su desahucio permanezcan en sus viviendas”, ha resaltado la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Encarna Caparrós, que ha afirmado que estos resultados demuestran que, “cuando la administración rompe la neutralidad y se pone de parte de las víctimas de la crisis, es posible hacer políticas efectivas a su favor”.

Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de la oficina provincial de Almería del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, y el 30 de septiembre del presente año, este servicio ha abierto un total de 474 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 77 personas, el 16,2% del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. El servicio prestado por el Programa evita preventivamente a las familias verse en situación de riesgo de vulneración de su derecho a la vivienda.

La parte fundamental del Programa es la intermediación. Un total de 313 personas han sido atendidas en esta fase, el 66,03% del total, y todas han evitado su desahucio. “Se trata de familias que quieren pagar, pero que no pueden y que gracias a la intermediación de la Consejería, siguen en sus casas a pesar de mantener una deuda con las entidades financieras”, ha señalado Caparrós. “Estas familias, que acuden a nosotros cuando ya están en riesgo de perder su vivienda, siguen en sus casas. Hemos evitado su desahucio gracias no sólo a nuestra intermediación, sino fundamentalmente al empeño de estas familias por defender su derecho a la vivienda”, ha añadido.

De estas 313 familias, 291 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. La oficina les ha prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

En esta misma fase de intermediación, 22 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

“Estos resultados ponen de relieve que la política sí puede cambiar las cosas a favor de los trabajadores, pero no deben llevar al triunfalismo”, ha afirmado Caparrós, que ha recordado que “los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo sustenta no legislen a su favor”. “Estas oficinas constituyen una herramienta meramente paliativa. El mango de la sartén de los cambios normativos determinantes lo tiene el Gobierno”, ha añadido la delegada, que ha urgido al Ejecutivo a “dar solución a las innumerables familias almerienses que han sido víctimas de la estafa financiera e hipotecaria”.