La crisis reduce las denuncias y ata a víctimas

La crisis económica genera un nuevo riesgo para las víctimas de violencia de género. Las dificultades actuales para acceder al mercado de trabajo y la imposibilidad de disponer de recursos propios relega a muchas mujeres a situaciones crónicas de maltrato.
Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las cifras de denuncias presentadas han caído sustancialmente en los últimos tres años y levantan una honda preocupación entre las instituciones, observatorios y asociaciones de defensa de las víctimas. En la provincia de Almería, la reducción de las denuncias presentadas ronda el 23 por ciento desde el año 2010 y apunta a una nueva caída en 2013, el tercer ejercicio consecutivo.
Encarnación Aguilar, directora general de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior, asegura que “las denuncias se han reducido de forma notable”. “La mujer se estaba incorporando al mundo laboral y ahora, de repente, vuelve a casa. La relegación de la mujer al ámbito privado es un caldo de cultivo para la violencia machista”, apostilla la psicóloga sevillana.
La relación entre crisis y denuncias aparece en las últimas valoraciones realizadas por el Observatorio sobre la Violencia de Género del Poder Judicial. Su presidenta, Inmaculada Montalbán, aseguró el lunes que existen una dependencia económica y que, ante los recortes, “las mujeres creen que contarán con menos recursos económicos y tienen miedo de no poder alimentar o pagar el colegio de los hijos”. Por eso no denuncian. “El empeoramiento económico tiene un efecto disuasorio en las víctimas”, concluye la jurista.

Jueces para la Democracia, asociación progresista de la judicatura, señala que “la incidencia de la crisis económica en esta situación resulta evidente, la tasa de paro femenino es por todos conocida”.
Además, “los recortes efectuados en recursos indispensables para ellas, tales como casas de acogida, asesoramiento psicológico, jurídico, ayudas para mujeres de difícil empleabilidad o facilidades de acceso a una vivienda, inciden directamente en la decisión de formular una denuncia o en la de mantenerla, ya que sin autonomía personal y sin otros medios económicos que los facilitados por el agresor, las mujeres que se encuentran en esta situación difícilmente interpondrán una denuncia y continuarán un procedimiento penal”.
“Nuestra sociedad no puede permitir, por falta de apoyo suficiente, que la carencia de recursos psicológicos, sociales y económicos, avoque a las mujeres en esta situación a convivir con quien les está agrediendo reiteradamente”, añade Jueces para la Democracia.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, se ha mostrado más cauta en la valoración de los números. “No se puede vincular la evolución de las denuncias por violencia de género a la crisis económica, ya que Andalucía, una de las regiones con mayor de desempleo y pobreza, está entre las que más denuncia”, afirmó esta semana en una nota de prensa.
Crespo pidió que “no se saquen conclusiones precipitadas sobre los condicionamientos de la violencia de género, un fenómeno complejo en el intervienen factores de muy diversa índole” y, en cualquier  caso, animó a denunciar  como “primer paso fundamental para activar los mecanismos de protección”.