Detenidas 14 personas e imputadas 65 en una operación contra el fraude fiscal y el empleo irregular

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas e imputado a otras 65 como presuntas autoras de delitos de falsedad documental y estafa al darse el caso de que los responsables de una empresa domiciliada en Almería que carecía de actividad real, presuntamente habrían dado de alta en la Seguridad Social de manera fraudulenta a numerosos trabajadores.

En una nota, la Subdelegación del Gobierno almeriense ha explicado que, a raíz de estos hechos, la Unidad de Control del Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería se puso en contacto con la Policía Nacional para que hicieran las comprobaciones necesarias.

Las investigaciones realizadas, en estrecha colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, permitieron detener a 14 personas tras comprobar que dichas empresas habían contraído una deuda con la Seguridad Social por el impago de las cuotas correspondientes por dichas contrataciones, que ascendían a unos 40.000 euros, a los que hay que añadir los más de 95.000 euros defraudados por los falsos trabajadores que, tras cesar su actividad con las citadas empresas, obtuvieron fraudulentamente en forma de prestaciones.

El responsable de la trama había establecido una empresa ficticia dedicada a actividades agrícolas, asentada en Almería, con la que simulaba la existencia de relaciones laborales con fines fraudulentos y que carecían de una actividad real.

El fraude era doble: por una parte, los empresarios suscribían numerosos contratos de trabajo y las correspondientes altas en el sistema de la Seguridad Social a falsos trabajadores que, a cambio, debían abonar determinadas cantidades. Por otra, los falsos trabajadores obtenían así un contrato de trabajo y permanecían dados de alta unos meses en la Seguridad Social, tras lo cual se beneficiaban del cobro de prestaciones sociales por desempleo de unos fondos públicos que nunca habían generado. Las trabajadoras embarazadas conseguían cobrar las bajas maternales y los trabajadores extranjeros obtenían, además, permisos de residencia amparándose en dichos contratos de trabajo.

La empresa ficticia ha generado una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de unos 40.000 euros, a los que hay que sumar las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los trabajadores tras cesar en la actividad con la citada empresa, cuyo importe asciende a más de 95.000 euros.

Las investigaciones y detenciones han sido llevadas a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería  en una operación que se ha desarrollado en el ámbito del convenio de colaboración en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude al Sistema de Seguridad Social, en coordinación con los Organismos de seguimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en relación con las denominadas empresas "ficticias