Cien mayores de edad "cumplen condena" entre menores

Dos jóvenes embutidos en un mono azul manipulan con soltura la mecánica escondida en los bajos de un coche. Controlan el "taller" con suficiencia. Intercambian herramientas con las manos manchadas de grasa y se emplean con firmeza sobre las piezas del vehículo. Conocen el terreno, dominan las tareas y muestran una madurez impropia del entorno. Son alumnos de un plan de inserción laboral para menores infractores de un centro de reforma al norte  de Almería, pero ya superan la veintena.

Y no es un caso único. Más de 400 de jóvenes andaluces cumplen medidas de internamiento en programas para menores a pesar de haber cumplido ya los 18 años; es decir, cometieron la infracción (delito) como menores pero ‘pagan’ siendo adultos.
Se trata de uno de los aspectos más controvertidos de la actual Ley del Menor y reaparece en el debate público periódicamente con casos de enorme impacto mediático como el crimen de Marta del Castillo. ¿Deben cambiar el centro de menores por la cárcel? ¿Qué régimen se les debe aplicar entonces?

La normativa vigente resuelve estas preguntas con una fórmula que, de forma simplificada, permite a los mayores acogerse a los ‘beneficios’ del sistema de menores para favorecer el objetivo final, la reinserción. La provincia de Almería es referencia nacional en materia de tratamiento con tres centros de internamiento en Oria, Purchena y Almería, además de un amplio diseño de recursos de “medio abierto”. Conoce bien la situación.

Según datos de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía (hasta el primer semestre) casi un centenar de los jóvenes incluidos en estos programas de tratamiento tenía más de 18 años (una cuarta parte de todos los registrados en la comunidad).

Investigación

La Junta de Andalucía recuerda que el “juez de Menores puede ordenar en auto motivado que la medida pueda ser cumplida en un centro penitenciario” cuando los chicos internados hayan alcanzado la mayoría de edad sin cubrir los objetivos de reinserción. Sin embargo, admite que la aplicación de este precepto ha sido en casos “muy excepcionales”, es decir “ finalizan mayoritariamente el cumplimiento de las medidas judiciales acordadas por los jueces en los centros”.

El Seminario Permanente de Formación e Investigación sobre Justicia Juvenil de la Universidad de Almería (UAL), creado en colaboración con la Consejería de Justicia e Interior, reflexiona sobre este asunto en su estudio sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Achaca el alto número de mayores de edad entre menores “al retraso en los juicios” y, aunque detecta “una tendencia a la baja”, subraya que “siguen siendo un tercio de los menores que cumplen las medidas de internamiento”. “Quizá deba replantearnos los modos de intervención con estos jóvenes”, recoge el documento en sus conclusiones.

Ahora bien, el estudio resta importancia a la eficacia del sistema de tratamiento sobre estos jóvenes. “El debate doctrinal y administrativo se torna estéril desde el punto de vista de la realidad de la aplicación de la norma en las medidas educativas impuestas (...) se podría decir que la mayoría son jóvenes mayores de edad”. Además, recalca que la tasa de reinserción ronda el 80 por ciento.

Víctimas

Por otra parte, la perspectiva más crítica emana de los colectivos de víctimas. Un ejemplo es la expuesta por los padres de Sandra Palo, asesinada en Madrid por varios menores de edad en uno de los crímenes más cruentos de los últimos años.
Francisco Palo y María del Mar Bermúdez participaron hace un mes en Almería en un programa de charlas en institutos para prevenir el acoso escolar, en colaboración con el Sindicato Unificado de la Policía (SUP).

En una entrevista concedida a LA VOZ pidieron un endurecimiento en la ley. “En casos de extrema gravedad, como delitos de sangre o violaciones, tienen que pasar a la cárcel a los 18 años”, señala Francisco Palo.  “Llevamos pidiéndolo diez años, ¿qué diferencia hay entre el de 17 y el de 18 cuando ha hecho lo mismo?”, pregunta María del Mar Bermúdez.