La noticia adelantada ayer por LA VOZ de que la continuidad de los vuelos entre Almería y Sevilla está en riesgo por un trámite no cumplimentado -el de la declaración de servicio público de la línea- provocó ayer un revuelo político, con carga cruzada de responsabilidades entre Gobierno central y Junta de Andalucía pero con un fondo de acuerdo: todos abogan por mantener los vuelos y ‘pelear’ por ello.
El PP exculpó al Ministerio de Fomento -al que corresponde tramitar la declaración- y apuntó a errores de la Junta como causantes de la situación. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, mostró su “sorpresa” por la noticia y explicó que “el Gobierno no tiene ningún problema en realizar la declaración de servicio público, pero la que tiene que mandar la documentación es la Junta, que mandó un borrador. En una reunión con la consejera y la ministra de Fomento, la ministra les dijo que tenían que enviar un escrito para afirmar que querían una declaración y cuáles son las frecuencias”.
Petición urgente El diputado nacional Rafael Hernando abundó en el mismo argumento al señalar que “lo único que se conoce en el Ministerio de Fomento sobre este asunto es la presunta intención de reducir las frecuencias”. Hernando instó a la consejera a que “de forma urgente remita la petición para la obtención de la orden de servicio público”. “No es tiempo de escurrir el bulto ni de echar la culpa a los demás, por ello espero que la consejera sea lo suficientemente responsable, cumpla sus obligaciones, haga la solicitud y que no se produzcan recortes en las frecuencias”.
Por su parte, el secretario provincial del PSOE y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, criticó la “dejadez del PP”, a cuyos dirigentes aconsejó que peleen en Madrid por los asuntos de Almería.
“No le pedimos dinero al PP, ya que la financiación la aporta la Junta de Andalucía, como ha hecho durante sus cuatro años de funcionamiento, sino que le pedimos a los gobernantes del PP, entre ellos a la delegada del Gobierno en Andalucía, el presidente de la Diputación Provincial y los nueve diputados nacionales y senadores por Almería, simplemente que trabajen”.
Sánchez Teruel expresó sus dudas de que haya tiempo a realizar toda la tramitación administrativa antes de que venza la actual adjudicación, a mediados de enero. Aún así cree que “el Gobierno tiene mecanismos para mantenerlo y que no se tenga que suspender”.
En el ámbito de los agentes socioeconómicos, el presidente de la Cámara de Comercio y de la Mesa de las Infraestructuras, Diego Martínez Cano, señaló que los empresarios “vamos a pedir que no se quite ninguna frecuencia, creoq ue el tema se puede arreglar con facilidad si hay voluntad y parece que la hay”. A su juicio, “el servicio hay que mantenerlo, es de interés social y público”.
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