Los centros hospitalarios de Almería realizan cada año cientos de servicios sanitarios a internos del centro penitenciario El Acebuche. La prisión cuenta con un equipo médico propio, pero la salud de los reclusos provoca en la práctica un constante trasiego entre el penal y los hospitales. Esta relación se rige por un acuerdo de colaboración firmado por la Junta de Andalucía y el Gobierno central hace dos décadas, cuya vigencia finaliza este 31 de diciembre y abre un abismo sobre la financiación de la asistencia a reos. Aquí el problema.
La Consejería de Salud y Bienestar Social y el Ministerio de Interior no alcanzan un acuerdo para prorrogar la cooperación y concretar la responsabilidad de los costes. Interior apuesta por pagar una cantidad fija, mientras Salud exige el fiel cumplimiento de los compromisos de pago o, por el contrario, tramitará una facturación individualizada que, en principio, sería más ajustada a la realidad de la atención prestada a los pacientes.
El conflicto se arrastra desde hace meses. En enero de 2013 el convenio se rompió. La Junta de Andalucía argumentó entonces un impago por parte de Instituciones Penitenciarias.
La situación provocó cierta incertidumbre entre el colectivo de presos y añadió más tensión a las relaciones entre la Junta e Interior que, además, llevan dos años sin renovar el convenio que permite prestar un servicio de orientación jurídica penitenciaria (similar a un turno de oficio para reclusos).
Sin embargo, en el mes de agosto las partes un acuerdo temporal, momentáneo para retomar la colaboración que expira este mes. En la provincia de Almería la situación se traduce en la facturación de más de 600 servicios médicos a reos durante el ejercicio 2013. La Consejería de Salud y Bienestar Social (en menor medida las consejerías de otras comunidades) ha facturado a El Acebuche entre 70.000 y 80.000 euros.
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