Concejales de la anterior Corporación declaran ante el juez por tres actuaciones

Concejales pertenecientes a diferentes partidos políticos (PSOE y PSA) que conformaban la Corporación municipal de Arboleas en la pasada legislatura han declarado como imputados por tres actuaciones aprobadas en sesión plenaria.

A ocho de los exediles arboleanos, entre los que se encuentra el actual portavoz del PSOE y exalcalde, Ángel García, se les ha cuestionado, entre otros puntos, por la aprobación del Plan Parcial del sector SR2 de las Normas Subsidiarias, con el que se pretendía desarrollar los terrenos del suroeste del núcleo urbano, según refleja la documentación remitida por el propio Ayuntamiento de Arboleas a la justicia. El proyectocontemplaba la  futura construcción de viviendas y urbanización del sector.

Informe desfavorable

La Corporación dio luz verde al proyecto a pesar de que, según la misma documentación, en el expediente no constaba la existencia del informe técnico necesario.

El punto salió adelante en una sesión plenaria del año 2007 a pesar del informe desfavorable del entonces secretario del Ayuntamiento, debido precisamente a la ausencia del informe técnico; documento donde se especifica si las condiciones urbanísticas del proyecto cumplían con la legalidad. Además, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha resuelto que el plan no se ajustaba a la legalidad.

Otra de las cuestiones investigadas es el acuerdo de Pleno del año 2009 del proyecto de actuación en suelo no urbanizable de una planta de hormigón, situada en el paraje Media Legua. El proyecto se aprobó en contra de informes técnicos de la Junta de Andalucía que señalan la inadecuación de la construcción por su cercanía a la carretera. De igual forma, continúa la investigación sobre la venta de un solar para la construcción de 45 viviendas de protección oficial que finalmente no se ejecutaron.

Pese a los 187.000 euros aportados al Ayuntamiento por la empresa Atalaya Inmuebles Andaluza, las viviendas no llegaron a levantarse. Esta cantidad, según los papeles presentados ante la Fiscalía, fue obtenida mediante una hipoteca. Posteriormente, la misma empresa negoció otra hipoteca de 316.000 euros.

En la documentación también figura que en 2008 el entonces alcalde emitió informe favorable sobre la petición realizada por Atalaya para modificar el régimen de VPO a régimen general, pese a que los pliegos no establecían esta posibilidad.