El Grupo Municipal Socialista de Oria ha presentado una denuncia contra el alcalde del municipio, Marcos Reche (PP), por “denegar e impedir la toma de posesión del cargo de la secretaria-interventora del Consistorio, María Jesús Sánchez Sáez”.
La denuncia presentada ante la Fiscalía asevera que el día 9 de mayo de 2013 se dictó una resolución de la dirección general de Administración Local, a través de la cual se nombraba a Sánchez Sáez para desempeñar las funciones correspondientes al puesto mencionado, con carácter provisional.
Regreso denegado
A pesar de la resolución, cuando el 30 de mayo de ese mismo año Sánchez Sáez se personó en el ayuntamiento acompañada por un notario para la toma de posesión de su cargo, se encontró con una respuesta inesperada. El primer edil orialeño “le impidió” la toma de posesión, según la secretaria.
En el documento elaborado por el Consistorio explicando la decisión, se enumeran motivos como “que el puesto estaba cubierto por un funcionario” o que el estado de las arcas municipales no permite “el abono de las retribuciones que devengaría el nuevo secretario”. Razones que no son suficientes a juicio de la Junta de Andalucía. A su juicio, el nombramiento de la secretaria-interventora “es un acto válido y ejecutivo”, subraya la denuncia.
La Administración andaluza concedió a Reche un mes para llevar a cabo esta acción. En cuanto a las razones expuestas por el alcalde, la Administración respondió al regidor que “es un puesto necesario y de obligada cobertura” por lo que debe estar previsto “en la plantilla y en los presupuestos”.
Transcurrido el plazo establecido, María Jesús Sánchez Sáez -aún sin tener noticias del alcalde según el Grupo Socialista- envió nuevamente una solicitud para la toma de posesión del cargo. La secretaria-interventora ha puesto también los hechos en conocimiento del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en Almería. Esta institución remitió dicho buro-fax al primer edil advirtiéndole, igualmente, de la comisión de un presunto delito.
Por su parte, tal y como apunta la denuncia, el alcalde, Marcos Reche, también hizo “caso omiso” de esta comunicación, por lo que “no puede alegar bajo ningún concepto desconocimiento o ignorancia del alcance penal de sus acciones, porque fue advertido del mismo”.
Un informe posterior firmado por el jefe del Servicio de Administración Local de la Delegación del Gobierno señaló “la naturaleza anti jurídica de la acción de negarse a dar posesión a quien tiene título legal y legítimo para desarrollar las funciones públicas así como la irrelevancia de las razones aducidas.
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