La reforma de la Justicia y la planteada supresión de demarcaciones judiciales fue uno de los temas que levantó ayer controversia en el pleno de la Diputación Provincial. La portavoz socialista, Esperanza Pérez, se apoyó en unas declaraciones del Alcalde de Berja, para recordar que en la reforma de la Justicia propulsada por Alberto Ruiz Gallardón, se suprimirán demarcaciones judiciales actuales y dejará sin juzgados a municipios que actualmente lo tienen. En respuesta a la portavoz socialista, el vicepresidente, José Aureliano García (PP) recordó que ya se aprobó una moción en contra en junio de 2013, así como en municipios afectados, Roquetas de Mar, por ejemplo.
El presidente de la corporación, Gabriel Amat, afirmó que las palabras de Pérez son “bonitas pero con demagogia” y aseguró que “con el 99,80 por ciento (la supresión de demarcaciones judiciales) no entrará en vigor con las gestiones que está haciendo este presidente. A veces hay defensas con menos palabras, menos publicidad y menos escándalos”, afirmó sugiriendo que tenía contactos directos con el Ministerio.
Cambios en el vivero
En otro orden de cosas, el pleno derogó la ordenanza que hasta ahora regulaba el Vivero Provincial, que suministra de árboles, plantas y flores a los distintos municipios de la provincia. Situado en la carretera El Mamí, el Vivero Provincial se creó con el objetivo de ser una herramienta a disposición de los municipios de la provincia.
Ahora se abre una nueva etapa aún por determinar, ya que tras la aprobación de la derogación de la ordenanza se anunció por parte del Vicepresidente que se elaborará un nuevo reglamento por el que también suministrará plantas a asociaciones y ONGs de todo tipo.
Más consenso
Este punto tratado en el pleno de ayer contó con el apoyo del PSOE. No fue el único con apoyos, también hubo unanimidad de los tres grupos del pleno en la adhesión de la Diputación de Almería a la Central de Contratación creada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
También votaron juntos socialistas, IU y populares al aceptar dos “encomiendas de gestión” a la institución provincial por parte de los mun icipios de Huércal de Almería y de Dalías, relativas a la tramitación de certificados electrónicos. Lo mismo ocurrió al modificar y anticipar inversiones en Padules, Rágol e Instinción.
El resto de las más de veinte decisiones ya suscitaron observaciones por parte de la oposición. El portavoz de IU, Juan Pablo Yakubiuk, se interesó por el cambio de la ordenanza técnica de vertidos a la red de alcantarillado público, que establece un plazo de seis meses para adaptar las conexiones de domicilios particulares. “Ese punto tendría un impacto negativo para los usuarios de Galasa. Es una reforma cara”, afirmó. Yakubiuk pidió cambiar la redacción de la disposición transitoria. García le dio en parte la razón e invitó a IU a participar en el periodo de alegaciones.
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