Alcalde: “Si Sevilla tuviera costa, seguro que no tirarían el hotel”

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha recordado a la Junta de Andalucía que “aún quedan resoluciones judiciales pendientes” en torno al hotel de El Algarrobico, entre ellas dos que se refieren a la propiedad del suelo. 

Hernández ha hecho estas declaraciones tras el anuncio, ayer por la mañana, del consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez, de que la Junta ha hecho efectivo el derecho de retracto sobre el suelo donde se asienta el Hotel El Algarrobico y haya ingresado ya los 2,3 millones de euros.  

El alcalde de Carboneras ha asegurado que “si Sevilla tuviera costa y El Algarrobico estuviese en ella, seguro que no tirarían el hotel”. Hernández ha afeado al Gobierno andaluz que “se tomen decisiones en caliente” que podrían suponer que “dentro de un tiempo tengamos que indemnizar con muchos millones de euros” a la empresa promotora, Azata del Sol.

Brindis al sol
En cualquier caso, el alcalde cree que el hotel no se tirará y que “todas estas declaraciones son un brindis al sol”. Hernández ha instado a la Junta a cuidar el dinero público y ha subrayado que el proyecto para la construcción del hotel, cuya licencia de obras ha sido declarada conforme a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fue “auspiciado por la Junta con todos los permisos e incluso subvencionado como parte de un plan de desarrollo sostenible para el Levante almeriense”.

En esta misma línea, Hernández se ha preguntado quién, en caso de llevarse a cabo a corto plazo la demolición del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, “va a pagar los daños y perjuicios a Carboneras a cuenta de un proyecto bautizado por la Junta y que llegó de su mano”, al tiempo que ha apuntado que los terrenos que luego han devenido en los sectores ST-1 y ST-2 “fueron vendidos por la propia Junta a la empresa. ¿Quién la va a resarcir?”, ha interpelado.

Visita a Carboneras
Por último, Salvador Hernández ha invitado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, a “visitar el municipio y escuchar a sus vecinos”.

Mientras, el consejero de Presidencia ha asegurado que, el ingreso de los 2,3 millones de euros supone que se “formaliza” la titularidad pública del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol. En este sentido, Jiménez ha declarado que se trata de “la acción definitiva” para poner “ya a disposición de la administración para su demolición esa monstruosidad que nunca debió construirse”. 

Decisión trascendente
El consejero ha remarcado que se trata de una “decisión firme y trascendente” y ha asegurado que la intención del Gobierno es que “en el menor tiempo posible se pueda realizar la inscripción registral” y la de persistir “en el resto de acciones judiciales”.

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez (IU), ha considerado “absolutamente acertada y valiente” la decisión de la Junta y cree que demuestra que “este Gobierno pone coto a la especulación y a los desmanes cometidos en el pasado”.

Protocolo
La coordinadora de IU de Almería y parlamentaria autonómica, Rosalía Martín, ha destacado que se trata de un “paso muy importante de cara a demoler el hotel de El Algarrobico, símbolo del ladrillazo” y ha expresado su confianza en que “ahora que se inicien los trámites para el derribo del hotel y se cumpla el protocolo aprobado entre la Junta y el Gobierno central”.

Pendientes dos recursos
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró firme una de las tres sentencias que dan a la Junta la propiedad del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata por un importe de 2,3 millones de euros, mientras que las otras dos sentencias, que van en el mismo sentido, se encuentra en trámite de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

El TSJA considera conforme a derecho el retracto ejercido por la Junta sobre cinco fincas propiedad de Azata y establece que el suelo es, por tanto, de titularidad pública.

El Alto Tribunal andaluz subrayó en su sentencia que el interés medioambiental del paraje “resulta notorio” por estar bajo hasta seis figuras conservacionistas europeas y que el destino que haya de darse a los terrenos objetos de litigio “es una cuestión que se suscitará con posterioridad”.