El Parlamento de Andalucía vivió ayer un debate de una hora de duración sobre el hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, en el que intervinieron tres parlamentarios almerienses y la consejera de Ordenación del Territorio.
El debate lo abrió la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, quien insistió en los argumentos expuestos en Almería para derribar el hotel y “acabar con ese símbolo de la especulación urbanística”. Serrano recordó que la Junta va a ejercer mañana viernes en una notaría de Almería el derecho de retracto sobre los terrenos. La consejera desveló que el precio de los terrenos es de 2.313.000 euros y que, por tanto, ese es “el único gasto que la Junta va a hacer”. “Cualquier otra cifra es una manipulación interesada de los hechos”, apostilló.
La consejera afirmó que la compra venta en 1999 “fue ocultada a la Junta, que no tuvo conocimiento oficial de la misma hasta el mes de febrero de 2006”. Este fue el punto en el que más incidió la diputada del PP-A Aránzazu Martín Moya, quien acusó a la consejera de “mentir” al afirma que desconocía la compra venta de los terrenos y su retracto hasta 2006. Martín enseñó un documento notarial en el que la Junta renunciaba a ejercer ese derecho. Por ello, criticó que no haya habido responsabilidades políticas .
Por su parte, la parlamentaria de IU, Rosalía Martín, expuso seis puntos concretos marcados por el socio de gobierno del PSOE en este tema y animó a usar la piqueta parar derribar ya la construcción más cercana al mar.
Por último, el parlamentario por el PSOE, José Luis Sánchez Teruel, pidió que se hablara bien de Carboneras y sus vecinos y apoyó en todo a la consejera.
Tribunales Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) notifica en una providencia que estudiará si procede anular la sentencia que declara conforme a derecho la licencia municipal de obras concedida en 2003 a Azata del Sol para construir el hotel. Admite a trámite el incidente de nulidad promovido por Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar pero el Alto Tribunal decide no suspender la ejecución de la sentencia.
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