Empresarios del Almanzora claman contra el derribo de casas

No es necesario que el fin sea el más temido: el de la demolición. Las constantes peticiones de derribo de viviendas alegales por parte de la Fiscalía aparecidas en las últimos meses ha transmitido a gran parte de la población la incertidumbre que hasta ahora padecían casi de forma aislada los afectados británicos.

El impacto en la economía de los miles de vecinos de origen británico en el Valle del Almanzora es evidente. No es difícil imaginar lo que supone para comercios y negocios teniendo en cuenta que en algunos municipios como Arboleas, los vecinos de habla inglesa superan el 50% de la población.

En muchos casos el consumo por parte de esta comunidad es un salvavidas en toda regla para negocios que, de no ser por los ‘nuevos’ vecinos, ya habrían echado el cierre. De hecho, en Albox, comerciantes del pueblo están preparando una recogida de firmas contra las demoliciones.

En el borrador al que ha tenido acceso La Voz de Almería, dirigido a “organismos públicos y judiciales”, se pide a particulares y medios de comunicación que apoyen “la no demolición de viviendas y la rápida solución a este gran problema”.

Del mismo modo, en el borrador del escrito que encabezaría la recogida de firmas se aboga por un “cambio en la ley lo antes posible”  y se pide que “se detengan todas las órdenes de demolición”.

El descontento es generalizado tras las últimas noticias aparecidas , entre las que destaca la petición del Ministerio Público de demoler 98 casas en Albox.

Juan Carlos regenta una peluquería en el centro del pueblo. Cree que no solo para el comercio “sino que para todo el municipio de Albox la comunidad inglesa es importantísima. Sin ella, los comercios, los bares, los bancos... ¿De qué van a vivir? Por las mañanas, el único medio de subsistencia que tienen son los británicos”.

A pocos metros, en pleno casco urbano de la localidad, Francisco se mueve entre la barra y la terraza de su bar. Su opinión es compartida por el resto de hosteleros. “El 80% de nuestros clientes son ingleses. Imagínate si los perdiéramos”. Cifras idénticas a las que cita la propietaria del bar contiguo.

Por su parte, aunque sin intervenir en la iniciativa de recogida de firmas, desde la asociación de empresarios (AEPA) van más allá advirtiendo que harán “lo que haya que hacer pero las 98 viviendas en Albox no se pueden demoler. Nos manifestaremos o haremos lo que haga falta, pero los ciudadanos no podemos permitir mas derribos” expresa su presidente, Martín Martos.

El escrito de la Fiscalía pidiendo la demolición de 98 viviendas, construidas hace ya años, ha coincidido con el debate político generado por el anuncio de la Junta de regularizar viviendas, siempre y cuando no estén en proceso judicial por ser “ilegales”.

Alcalde

Por otra parte, el alcalde de Albox, Rogelio Mena (PSOE), lanzó ayer una dura crítica a dos estamentos de la judicatura: un juez que acaba de iniciar contra él un procedimiento abreviado y un fiscal, que ha pedido la demolición de 98 viviendas en este municipio de la Comarca del Almanzora.

El regidor albojense está enojado y, en un comunicado enviado ayer, no llega a descartar elevar una queja ante la Fiscalía General del Estado, organismo presidido por Eduardo Torres-Dulce.

El motivo de esa queja es pedir a Torres-Dulce “que se aclaren las razones por las que el Ministerio Fiscal decide instar procedimientos sobre hechos que datan de mandatos anteriores a su toma de posesión, por un lado; y de que se haya conocido que tiene previsto solicitar la demolición de 98 viviendas del municipio justo la misma semana en la que la Junta de Andalucía ha comunicado públicamente que tiene la solución al problema”.

En ese sentido, ha manifestado su preocupación “respecto a la actuación de la Fiscalía por cuanto que el Ministerio Fiscal decide instar procedimientos de hechos que datan de mandatos anteriores a mi toma de posesión, intentando conectarlo con el presente, en el que puedo asegurar que la transparencia y la honestidad son los principios que rigen el gobierno municipal”.

La nota del alcalde de Albox también deja caer que la Justicia no mide con el mismo rasero a los alcaldes. Mientras a él, desde Huércal Overa, se le ha abierto procedimiento abreviado por “obstaculizar” el acceso de información municipal a la oposición, “en municipios del PP, como son Lucainena de las Torres y Fines, el PSOE llevó el asunto a los tribunales y quedó archivado”.

“Lamento que la justicia tenga una doble vara de medir”, apostilla Mena Segura.

A pesar de las críticas anteriores, el regidor albojense ha declarado que “siempre confiaré en las garantías del sistema judicial español para tratar de que se aborde mi procedimiento con independencia judicial y rigor, como he demostrado hacer en otras situaciones complicadas”.