La juez cita a declarar a la Junta de Gobierno por el ‘caso Fabriquilla’

Los integrantes de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el año 2007 y técnicos municipales tendrán que comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 1 de ese municipio en los próximos días por el sumario abierto por una licencia de obras para construir 10 viviendas unifamiliares en la zona de La Fabriquilla.

La citación judicial, prevista para mediados de noviembre, se conoció pasado el mediodía de ayer, y provocó un aluvión de reacciones en todas las fuerzas políticas, pues uno de los citados es el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.

Desde 2012 se están incoando diligencias por este asunto a raíz de la denuncia de una vecina. Según Europa Press, están citados a declarar en calidad de imputdos siete integrantes de la junta de gobierno del Ayuntamiento y dos técnicos municipales. El inicio de las investigaciones judiciales se basa en un presunto delito de prevaricación administrativa, informó la citada agencia citando fuentes judiciales.

La titular del Juzgado número 1 de Roquetas cita a Amat para el 17 de noviembre junto a los concejales Francisca Toresano y Antonio García. Para el día 14, llama a Pedro Antonio López, a Juan José Rubí, a José Galdeano y al exedil Francisco Martín.

Hace casi un año declaró por esta misma causa el exconcejal de Urbanismo roquetero, José María González, quien en sede judicial indicó que la licencia de obras en cuestión se autorizó por la Comisión de Gobierno.

González declaró ante la autoridad judicial que la licencia se concedió “sin ningún reparo” por parte de los “servicios técnicos y jurídicos”.

A ese argumento se acogieron ayer en el Partido Popular de Almería, que adjuntó los informes técnicos y jurídicos en una nota de prensa a primera hora de la tarde.

El 4 de mayo, el técnico municipal Juan González Pomares emitió el correspondiente informe “favorable”.

Además, en un informe jurídico fechado el 7 de mayo de 2007 se concluyó que “procedía la concesión de la licencia” mientras que el informe de la oficina técnica de 4 de mayo de 2007, cuyo responsable también debe declarar en el Juzgado, se pronunció de manera “favorable” al “cumplir los parámetros establecidos en el PERI 1/09”.

El informe del 7 de mayo lleva la firma de Nicolás Moreno, letrado asesor de Urbanismo.

El acuerdo de la Junta de Gobierno fue refrendado el 14 de mayo por el secretario general del Consistorio, Luis Ortega Olivencia, según consta en la documentación.

En su declaración judicial, el exconcejal de Urbanismo, José María González, argumentó que los citados informes preceptivos de estos servicios no “advirtieron de una supuesta irregularidad” y que se sometió primero a “comisión de urbanismo” para ser aprobada con posterioridad “por la junta de gobierno en base” a estos informes.

De otro lado, a los medios de comunicación almerienses se ha hecho llegar un informe pericial a instancia del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el que el Colegio Oficial de Arquitectos dictamina que la junta de gobierno local celebrada el 14 de mayo de 2007 “actuó correctamente” al conceder la licencia municipal de obras para la construcción de diez viviendas unifamiliares pareadas en la parcela 11 de la Unidad de Ejecución 109 del Plan General de Ordenación Urbana.

El citado informe indica que el planeamiento de desarrollo en el que se fundamenta “estaba vigente” y “no estaba afectado” por la suspensión de concesión de licencias de edificación “al no encontrarse la parcela incluida donde se pretendía desarrollar la edificación objeto de la licencia municipal de obras en la Unidad de Ejecución UE-109” y “no tener conocimiento -añade- del auto del TSJA de 10 de mayo de 2007 por el que se suspendía el acuerdo plenario de la modificación puntual del PERI”.

El Colegio de Arquitectos, en el informe elaborado de acuerdo a la documentación facilitada por el Consistorio, señala que, del informe emitido por la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía, de 12 de junio de 2013, en el que se concluye que la licencia objeto de litigio “no resulta conforme a la legalidad urbanística vigente en el momento de su otorgamiento”, no “se ajusta a los hechos acaecidos hasta la fecha del otorgamiento de la licencia”.

El PP ha defendido la actuación del Gobierno local y PSOE e IU han pedido la dimisión de Gabriel Amat.