PSOE y PP discrepan de las responsabilidades políticas por el caso Fabriquilla

El ‘caso Fabriquilla’, una denuncia que se investiga en el ámbito judicial por la licencia de obras para construir diez viviendas en Roquetas de Mar, abrió ayer una nueva página en el amplio capítulo de la confrontación política en esta provincia.

Nada menos que un portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, y el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, elevaron el caso a un asunto de política nacional y autonómica.

Mientras el primero de ellos salió en defensa de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y llamado a declarar en calidad de imputado, el segundo pidió claramente la dimisión del regidor, “para lavar la imagen” de Almería y la provincia, dado que el político popular también preside la Diputación.

La dirección socialista almeriense dio ayer un paso al frente. El jueves, el secretario de Organización, Juan Carlos Pérez Navas, Pérez Navas subrayó que “ahora es hora de que la justicia aclare lo que está pasando con este caso –en referencia al de La Fabriquilla, por el que se ha imputado a Amat- y con otros casos” y que “entonces, nosotros pediremos y exigiremos responsabilidades políticas y públicas” al respecto de lo ocurrido.

Ni 24 horas pasaron para que el citado Mario Jiménez y el secretario provincial, José Luis Sánchez Teruel, pidieran sin tapujos que el alcalde de Roquetas deje el cargo. Y dieron un paso más. Anunciaron que el PSOE se personará en el caso que se instruye en el Juzgado de Roquetas número uno, surgido a raíz de una denuncia hace dos años.

Jiménez, a preguntas de los periodistas, dijo que los cargos públicos deben dimitir cuando son imputados y llamados a juicio oral. “No es el caso de Amat”, le respondió un periodista. El portavoz del PSOE en la Cámara andaluza vino a decir que se quiere evitar que aparezca “manchada” la imagen de Almería y Roquetas de Mar

Opinión distinta expresó en rueda de prensa Rafael Hernando, del Partido Popular, que recordó a los socialistas que no piden la dimisión de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías por el caso ERE. “No están imputados”, le aclaró Mario Jiménez al portavoz del PP.

Hernando Fraile dio otro nombre, el de José Blanco. Fue imputado y luego absuelto. “Durante su imputación, el PSOE no pidió que dimitiera el exministro”.

“Los jueces juzgan en las salas, no en las escaleras como algunos hacen desgraciadamente con una doble moral (...) La imputación es una garantía procesal”, añadió.

El diputado nacional por Almería y portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, dijo ayer que el caso en el que se investiga la concesión de una licencia por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la construcción de diez chalés en la zona de la Fabriquilla es el resultado de “la situación de inseguridad jurídica que se ha venido creando de forma deliberada por la Junta de Andalucía”.

Hernando avaló la decisión adoptada en su día por la comisión de gobierno de Roquetas a raíz de los informes técnicos y jurídicos con los que se daba ‘luz verde’ a la concesión de la licencia por la que ahora se ha llamado a declarar en calidad de imputados a siete miembros de la Corporación.

La oposición en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha empezado a dar pasos tras la citación judicial a siete miembros de la Corporación por el ‘caso Fabriquilla’.

Ayer, las posiciones que se dieron a conocer no eran coincidentes. Falta por conocer la postura de Indapa.

De un lado, los socialistas se inclinaron por pedir la celebración de un pleno extraordinario, pero a la misma vez eran conscientes de que con solo cinco concejales su propuesta caerá en saco roto.  “El PSOE buscará el apoyo del resto de fuerzas políticas para forzar un pleno extraordinario en Roquetas de Mar”, rezaba el titular de una nota de prensa enviada ayer tanto desde la sede provincial como desde la autonómica, ubicada en Sevilla.

Los socialistas ya intentaron hace un año, sin éxito, que el alcalde, Gabriel Amat, diera las “explicaciones públicas oportunas” con respecto a la investigación de la Fiscalía Superior de Andalucía a raíz de una denuncia que relaciona a la empresa constructora Hispano Almería “con una presunta financiación ilegal del PP de Almería”.

De otro lado, Izquierda Unida fue más allá que el PSOE a la hora de pedir responsabilidades políticas y exigió que dimitan los siete miembros de la Corporación Municipal citados por la juez para mediados del mes que viene.

“Pedimos la dimisión del alcalde y los concejales, porque ¿con qué autoridad van a gobernar la ciudad? ¿qué responsabilidades van a exigir a los vecinos si ellos actualmnte vuelven estar bajo imputación e investigación judicial?”, se pregunta el portavoz de IU, Ricardo Fernández.