El decreto de la Junta de Andalucía no evitará el derribo de casas en causas penales

Las viviendas ilegales del Valle del Almanzora y el Levante inmersas en causas penales  están prácticamente condenadas a la demolición con el actual marco legal. Es la reflexión compartida por el delegado de Medio Ambiente en la Fiscalía Provincial de Almería, José María López Cervilla, y el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número Cinco, Manuel Rey, participantes la tarde noche del martes en una mesa redonda organizada en el Colegio de Abogados de Almería.

Según el fiscal, el decreto de la Junta de Andalucía de 2012 para la regularización de viviendas y el actual proyecto normativo no afectarán a los procedimientos judiciales iniciados. “Tal y como está redactado, no se puede regularizar una vivienda inmersa en un procedimiento penal”, aseveró López Cervilla.

El fiscal admite que la reforma de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) genera “ilusión entre los propietarios”, pero tendrá un efecto limitado con la actual jurisprudencia y la exigencia legal. “El autor de un delito debe reparar el daño”, indicó, “ y en principio es la demolición”. López Cervilla no entró a valorar posibles cambios legales y recalcó que el actual ordenamiento castiga con el derribo. “La Fiscalía sólo insta al cumplimiento de la legalidad”.

En este sentido, el magistrado Manuel Rey citó la jurisprudencia del Tribunal Supremo. “Si no se entra en el derecho penal, desde el punto de vista político la solución es sencilla”, expuso. “La situación del tercero de buena fe (el comprador de la vivienda) se puede considerar injusta, pero en los tribunales la orientación jurisprudencial de la Sala Segunda es muy clara y opta por la demolición”.

La reforma de la LOUA impulsada por la Junta de Andalucía prevé regularizar unos 25.000 inmuebles levantados en suelo no urbanizable. La Consejería de Medio Ambiente ha insistido en que no se trata de una “amnistía”, sino en una fórmula para acabar con una situación de “incertidumbre y desigualdad”, en palabras de la consejera María Jesús Serrano.

Según la Junta, la norma dará seguridad jurídica a titulares de viviendas localizadas en pequeñas parcelaciones sobre las que ya no se pueden ejercer acciones disciplinarias, al abrir la posibilidad de aplicarles el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO). Sin embargo, los tribunales mantienen las dudas sobre eficacia y avisan de un impacto mucho más reducido del esperado.

Visiones del conflicto

En la mesa redonda participaron el decano del Colegio de Arquitectos, Javier Hidalgo, el presidente de la Mancomunidad del Valle del Almanzora, Antonio Ramón Salas, la secretaria del Ayuntamiento de Albox, Eva Cano,  el letrado asesor de la asociación Abusos Urbanísticos en el Almanzora No, Gerardo Vázquez, y el propio decano del Colegio de Abogados de Almería, José Pascual Pozo.

Vázquez defendió los derechos de los ciudadanos que compraron sus viviendas sin conocimiento de la posible ilegalidad y denunció “una lotería en la demolición, donde a unos les toca y a otros no”. “Si hay que tirar las casas que se tiren, pero hay que indemnizar a los propietarios que no tienen la culpa”, subrayó el letrado. En esta línea, el experto en ordenación del territorio propuso un cambio en el Código Penal para proteger los derechos de los “terceros de buena fe”.

Por su parte, el decano de los arquitectos denunció la “inacción” de las administradores durante años, lamentó la situación de muchos profesionales inmersos en los procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio y apunta a otras responsabilidades. “¿Las inacciones invigilando no serían objeto de encausamiento?”.