El juicio contra los integrantes de una organización internacional que fue desmantelada en mayo de 2010 acusada de explotar sexualmente a mujeres de nacionalidad nigeriana, a quienes coaccionaban presuntamente con vudú, palizas y el secuestro de sus hijos, ha quedado este viernes visto por sentencia tras dos meses se sesiones y de práctica de las pruebas testifical, pericial y documental.
En el trámite de informes ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, el fiscal ha modificado su escrito de calificación y ha retirado la acusación contra procesada P.L., a quien inicialmente situó en el segundo escalafón de la red y que estaba imputada por colaborar presuntamente para la entrada de la víctimas en España o por prestar sus domicilios para el ejercicio de la prostitución, participando de las ganancias.
Con respecto a otra acusada, F.A., en la misma situación que la anterior, ha retirado el delito de prostitución aunque le ha mantenido la imputación por la supuesta comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Cabe recordar que en la primera sesión de la vista oral, que arrancó el 22 de septiembre, el procesado B.D.O., también en ese segundo escalafón de la presunta banda organizada, reconoció en sala su participación y mostró su conformidad con la pena interesada por el Miniterio Público.
Según sostiene la Fiscalía, la red, que facilitaba la entrada en España de las víctimas con falsas promesas de trabajo, las obligaba a ejercer la prostitución en clubes de alterne localizados en los municipios de Vícar y Roquetas de Mar (Almería) para saldar de este modo una supuesta deuda que generalmente fijaban los procesados en 50.000 euros.
El Ministerio Público indica que algunas de las mujeres fueron trasladadas a países europeos como Alemania, Francia o Dinamarca para que siguieran siendo explotadas después de un tiempo en la provincia y tras haber llegado territorio español en patera tras una larga travesía desde sus países de origen hasta Marruecos.
En el escalón más alto de la trama se situarían las procesadas M.R.; L.G.N. alias ´Sonia´; R.O. y E.O., así como a V.E.J., de quienes sostiene que mantenían desde 2005 "una relación estable con otras personas residentes en Nigeria" cuyo fin era "facilitar" la entrada en España de mujeres de este país "para hacerlas objeto de explotación sexual".
SE LES PROMETIA UN CONTRATO DE TRABAJO
Las víctimas, según subraya, accedían la "mayoría de los casos" a venir a España ya que los integrantes del grupo les "prometía" un contrato de trabajo "bien en tareas domésticas, bien en el sector agrícola y similares, teniendo en cuenta la muy difícil situación económica existente en Nigeria y la escasez de medios de vida allí existentes".
Una vez que estaban en el país, eran trasladadas a locales de alterne donde se les comunicaba que debían ejercer la prostitución "bajo la amenaza, en caso de negarse o huir, de causarles daño a ellas o a sus familias mediante rituales vudú de fatales consecuencias según sus creencias".
En concreto, los acusados exigían presuntamente que les hicieran entrega de "ropa interior con sangre, pelos y uñas para poder hacerles vudú y también a sus familias".
Se les informaba, asimismo, de que debían saldar una supuesta deuda contraída por su viaje hasta España, que solían fijar "generalmente en 50.000 en torno a 50.000 euros aunque era difícil de pagar en la medida en que se incrementaba al tener que pagar ellas su manutención a las ´mammys´ que las controlaban".
El Ministerio Público hace hincapié en que las víctimas debían ejercer "a cualquier hora del día, todos los días sin excepción, sin capacidad de para elegir o no al cliente y en condiciones higiénicas indeseables".
Los acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los dos y los 20 años de cárcel por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución, y falsedad, así como a faltas de lesiones.
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