El repentino cierre de la residencia de mayores Veraparíso, a provocado la preocupación e indignación de los residentes, de sus familiares y, por supuesto, de los trabajadores.
Ayer por la mañana comenzó el traslado de los mayores que residían en el centro, después de que un equipo de técnicos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia se desplazara hasta Vera, para informar personalmente a las personas mayores de la situación, de los distintos medios que se les ofrecen para el traslado y las condiciones en las que se llevará a cabo.
En la residencia, de 90 plazas, se encontraban 21 persona que ocupaban plazas concertadas con la Junta de Andalucía. En cuanto al traslado a otros centros concertados de la provincia, las posibilidades se referían, fundamentalmente a los situados en localidades del Almanzora.
Adaptación
Según ha informado la Junta, una vez realizado el traslado provisional y urgente a alguno de los centros ofertados y tras un periodo de adaptación, los usuarios podrán solicitar plaza en otras residencias de su elección. También se está ofreciendo a las familias la posibilidad de acompañar a sus allegados durante el traslado, con el fin de hacer lo más llevadero posible el cambio de domicilio y evitar que éste pueda afectar a la salud física o anímica de las personas dependientes.
Con respecto a los usuarios que ocupan plazas privadas en el centro, la Junta les está ofreciendo también información sobre las residencias de personas mayores que existen en la provincia y las alternativas con las que cuentan tras el cierre de Veraparaíso.
El historial asistencial de los residentes será enviado a los nuevos centros de destino, para garantizar la seguridad de la atención que reciben.
En declaraciones a la Cadena SER, una trabajadora de la residencia lamentaba ayer de lo ocurrido y aseguraba que el motivo del repentino cierre es que “no hay dinero”. Lo cierto es que los problemas económicos vienen siendo una constante en esta residencia, hasta tal punto que la empresa debe a sus trabajadores un buen número de nóminas, supernado en algunos casos los 30.000 euros.
Protestas
Ya en la primavera del año pasado, los alrededor de 40 empleados comenzaron una campaña de protestas por el impago de sus sueldo.
Además del trastorno que supone para los mayores tener que cambiar de residencia, el futuro de los trabajadores era, al menos ayer, una incógnita. De hecho, así lo confirmaba a la SER una empleada, quien lamentaba que “no sabemos nada de lo que va a pasar con nosotros”.
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